En orden. Es la consulta popular la que está acotada. Seis son los temas vetados al mecanismo. Los derechos humanos; la democracia representativa, laica y federal; la seguridad nacional; el funcionamiento de las Fuerzas Armadas; los preceptos electorales y las finanzas del estado. No se puede consultar sobre las famosas “decisiones políticas fundamentales” de Carl Schmitt, las libertades o hacer opinable la República. La consulta prevé que sean asuntos de “trascendencia nacional” y que afecten a una “parte significativa” de la población. Los conceptos son vagos. Qué es “trascendencia nacional” o a partir de cuándo o cuánto se considera “significativa” a una parte de la población. Difícil definirlo.
La ley secundaria establece que la pregunta eje de la consulta no deberá tener “contenidos tendenciosos o juicios de valor” y debe provocar una respuesta binaria, positiva o negativa. La SCJN determinará si la pregunta o “reactivo”, es constitucional. No se puede someter a consulta nada que sea anticonstitucional. A diferencia de otros países como Argentina, la consulta en México no es convocada por el Legislativo. La discusión teórica es compleja, en una democracia el pueblo no puede legislar. Un insumo esencial de las normas son los principios y éstos no deben someterse al cambiante estado de ánimo de la población.
En México en un primer momento el INE es el garante de la organización. La SCJN es la última instancia de calificación del contenido conceptual. Son las dos piezas clave del mecanismo. “...a la Suprema Corte no le tenemos confianza porque son empleados del Ejecutivo, pero ni modo que venga un golpe de estado, porque si niegan el derecho del pueblo a la consulta es violar flagrantemente la Constitución y acabar con el estado de derecho”, lanzó ese alebrije de conciencia nacional acostumbrado a las descalificaciones generalizadas llamado AMLO.
Ahí está su denostación de los consejeros del INE como “maiceados”, “ninguno de ellos es garantía de independencia”, carentes de una “pizca de dignidad” que no garantizan el voto popular. Pero, eso sí, pretende tener su propio partido que todos los causantes sufragaremos, que en principio debería estar atenido a la instituciones de nuestro País, el Legislativo que seleccionó a los consejeros y al Judicial al que el político descalifica de antemano. El alacrán está en el pecho. Participará en el proceso acuchillando una vez más a las instituciones. ¿Debe la construcción de una democracia tolerar las traiciones anunciadas? Sí, pero siempre hay que denunciar el carácter desleal de cualquier actor.
¿Puede una consulta popular revertir una reforma constitucional? En principio no, pues en la propia Constitución en el Artículo 135, se establece el mecanismo único para su modificación y no incluye a la consulta popular. PRD y MORENA, juegan sus cartas por separado en contra de la reforma energética. AMLO ya se encargó de dividir al partido que presidió y lo postuló a la presidencia en dos ocasiones, partido que hoy califica de entreguista. ¿Puede una consulta popular modificar el salario mínimo? En principio no, pues es un asunto que altera las finanzas públicas. Sería discutible. ¿Puede una consulta reducir la representación proporcional? La discusión es interesante pues la representación proporcional está plasmada en la Constitución y por ende no pertenece a la legislación electoral. ¿Entonces?
Con independencia del devenir de cada caso, lo preocupante es la irresponsable generación de expectativas con ánimo de recaudación de votos. En el fondo están prostituyendo un mecanismo que ellos mismos reclamaron y legislaron. Si se rechaza la reversión de la reforma energética un grupo de mexicanos se sentirá defraudado por la consulta, por las instituciones “maiceadas” y por los “empleados del Ejecutivo” que se ostentan como ministros. Si la popular y populista consulta panista sobre salario digno tampoco prospera, otro sector quedará convencido de que la democracia mexicana sigue siendo dominada por las “fuerzas del pasado”. Si la consulta del PRI sobre la desaparición de los Senadores de representación proporcional y la disminución de los diputados del mismo origen tampoco prospera, la consulta popular parecerá inútil.
El problema es grave. Uno de pilares de toda democracia es el máximo tribunal, llámese como se llame. La SCJN estará frente a una encrucijada de la cual no es responsable, en una discusión con enormes cargas de subjetividad y gran complejidad jurídica difícil de explicar al gran público. Si las tres propuestas son aprobadas, la consulta popular se convierte en dinamita jurídica. Si rechazan la del PRD y MORENA, les dirán que son de derecha. Si la del PAN no prospera y las del PRI y la izquierda si, les dirán que es consigna. Si pasa la del PRI y el PAN, los tildarán de defensores de la “camarilla en el poder”. Y si sólo pasa la del PRI, ya nos podemos imaginar. Para México los afanes electoreros convertidos en populares consultas son un mal negocio.
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