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El 17 de septiembre cambió el ambiente de optimismo y la percepción de la realidad nacional dio un giro.
Ese día la revista Esquire Latinoamérica publicó un articulo titulado “Exclusiva: Testigo revela ejecuciones en el Estado de México - Una testigo dice a Esquire que el Ejército ejecutó a 21 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México”.
Desde entonces han ocurrido sucesos que han derrumbado la imagen de paz y tranquilidad que el gobierno federal tan cuidadosamente construyó desde 1l de diciembre de 2012, cuando decidió minimizar las noticias relacionadas con la delincuencia organizada y maximizar las que tenían que ver con el Pacto por México y las reformas que los tres principales partidos políticos acordaron discutir y aprobar en el Congreso.
En solo un mes los mexicanos nos enteramos que hay un municipio mexiquense llamado Tlatlaya, en donde bandas criminales operan con virtual impunidad y que a una veintena de supuestos delincuentes se les acabó la vida cuando el 30 de junio pasado tres soldados los mataron a sangre fría dentro de una bodega en la comunidad rural de San Pedro Limón.
Nueve días después, el 26 de septiembre, el caos y la corrupción que imperan en Guerrero salieron a flote después de que la policía municipal de Iguala matara a seis personas, entre ellos a tres estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y secuestrara a 43 normalistas.
Hoy, la opinión pública nacional e internacional sabe que el expresidente municipal perredista de Iguala, su esposa y su jefe de la policía, todos ellos prófugos, aparentemente estaban asociados a una banda criminal llamada Guerreros Unidos; que la policía del municipio trabajaba para los delincuentes; que otro presidente municipal, el priísta de Cocula y su jefe de policía fueron arrestados por sus posibles nexos con los Guerreros Unidos y la participación de algunos policías de este municipio en el secuestro de los normalistas.
Hoy se sabe que mandos de la Secretaría de la Defensa y funcionarios del gobierno del Estado de México pretendieron encubrir la masacre de Tlatlaya; que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Guerrero no actuaron contra Abarca y sus cómplices a pesar de que tenían en sus poder información sólida que mostraba los vínculos que tenían con la delincuencia organizada.
Para complicar el asunto, durante la búsqueda de los 43 secuestrados se encontraron 28 cadáveres en tumbas clandestinas cerca de Iguala. Cadáveres de personas que hasta el momento no han sido identificadas pero que la PGR ya descartó sean los de los normalistas.
Tlatlaya e Iguala perjudicaron la imagen del gobierno federal y la del Estado de México y empeoraron la que se tenía de Guerrero.
Aquí solo me he referido a eventos que a los mexicanos nos regresaron a la realidad del México violento y dominado en muchos lugares por la delincuencia organizada, al México de la corrupción ilimitada y de la impunidad casi absoluta.
Si todo lo anterior no fuera suficiente, están la huelga del Politécnico, las bajas en los precios del petróleo y otras materias primas que México exporta, el ébola…
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