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Sin embargo, hay una diferencia entre el michoacano Salvador Jara Guerrero y el guerrerense Ortega Martínez. El primero nunca ha militado en un partido político ni había ocupado un cargo gubernamental antes de ser gobernador, mientras que el segundo es de filiación perredista y desempeñó, aunque brevemente, dos cargos públicos. En 2005 colaboró en el gobierno del perredista Zeferino Torreblanca Galindo, primero como subsecretario de Educación Media Superior y Superior y luego como Coordinador para la Reforma Política en Guerrero.
Como subsecretario, Galindo fue de alguna manera responsable del funcionamiento de la tristemente célebre escuela normal de Ayotzinapa, aunque su permanencia en ese cargo fue demasiado breve para realmente poder alterar la realidad de la misma. Lo mismo puede decirse de su paso en el órgano encargado de realizar una reforma política en su estado.
Fuera de su breve experiencia en el sector público, Ortega Martínez es un académico de carrera.
De 59 años de edad y originario de Taxco, estudió Sociología en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), e Historia en la Escuela Normal Superior de la misma UAG. Luego, en la Universidad Complutense de Madrid, la maestría en Estudios Iberoamericanos y el doctorado en Ciencias Políticas y Sociología.
Desde 1976 a la fecha fue maestro e investigador en la UAG y ocupó diversos cargos administrativos dentro de dicha universidad. Hasta ayer era el secretario general de la misma.
Lo primero que deberá hacer como gobernador es aclarar lo que ocurrió en Iguala el 26 de septiembre pasado y determinar que le pasó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa que ese día fueron secuestrados por policías municipales de Iguala y Cocula. En su primer discurso como jefe del Ejecutivo guerrerense dijo: “Nos empeñemos en la búsqueda de los muchachos y le pediremos al presidente de la República, al licenciado Enrique Peña Nieto que nos ayude, que Guerrero necesita en este momento de todos los recursos de las instituciones del Estado mexicano”.
“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¡Y ya!”, exclamó Ortega ante los diputados locales, a pesar de que la idea que prevalece entre quienes investigan el caso es que ninguno de los 43 sigue con vida después de más de un mes de haber sido secuestrados y entregados a sicarios de la banda Guerreros Unidos.
Algo que también deberá hacer cuanto antes es meter orden en Guerrero utilizando, como él mismo lo dijo, “todos los recursos de las instituciones del Estado mexicano”. La destrucción, el pillaje y el saqueo que hemos visto en los últimos días no pueden continuar y quienes destruyan propiedades públicas y privadas deben responder por sus acciones.
Por si lo anterior fuera poco, el nuevo gobernador guerrerense también deberá empezar a actuar contra la corrupción que virtualmente ha liquidado a Guerrero.
El tiempo dirá si Rogelio Ortega Martínez fue una buena elección para suceder en el cargo al inepto y corrupto Ángel Aguirre.
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