Jan Martínes Ahrens - Hallada una fosa con cádaveres en Iguala

El hallazgo de seis fosas clandestinas con cadáveres en las afueras de Iguala (Guerrero) ha desatado todas las alarmas. En este municipio de 131.000 habitantes, donde impera la ley del narco, se desató el último viernes de septiembre un estallido de violencia policial contra un grupo de estudiantes de magisterio (normalistas) que acabó con seis muertos, 17 heridos y unos 40 desaparecidos. La posibilidad de que los cuerpos, localizados gracias al testimonio de un detenido, correspondan a estos estudiantes pesa en la mente de las autoridades y de todo el estado, pero, de momento, ni la Procuraduría ni ningún organismo oficial han confirmado esta hipótesis. Las tareas de rescate de los cadáveres son aún muy incipientes y ni siquiera se conoce su número exacto, aunque algunos medios locales los cifraban en nueve. “Para determinar su identidad, tenemos que hacer las pruebas genéticas”, señaló el procurador Iñaky Blanco.







El temor a que los normalistas, un grupo estudiantil muy organizado y tradicional semillero de guerrilleros, tomen venganza llevó al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a pedir tranquilidad: “Ante la situación, hago un llamado mantener la concordia y evitar por todos los cauces la violencia, hoy como nunca se requiere de la unidad de todos, sería lamentable que alguien sacara provecho político”.

El destino de los desaparecidos en Iguala se ha convertido en una incógnita de magnitud nacional. La violencia policial ejercida contra los normalistas por apoderarse de tres autobuses para trasladarse a su escuela y la intervención de sicarios junto a agentes municipales han destapado la descomposición de Guerrero. Con casi tres millones y medio de habitantes, es el estado con la mayor tasa de homicidios de México y campo de batalla de cuatro organizaciones criminales. En el caso de Iguala, el control está en manos de los Guerreros Unidos.

La detención de 22 policías municipales por su implicación en las muertes no ha frenado el escándalo. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, al que se ha acusado de estar conectado con el narcotráfico, se ha dado a la fuga. Su secretario de Seguridad, el jefe de los agentes que dispararon a los estudiantes, está en la misma situación. Las investigaciones de la Procuraduría estatal han determinado que muchos policías detenidos formaban parte de los Guerreros Unidos.

Y, aunque algunos sicarios (halcones y gavilleros) han sido detenidos, ningún cabecilla ha caído en manos de la procuraduría.


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