Los continuos llamamientos a la calma del gobernador, Ángel Aguirre, y sus extemporáneas declaraciones señalando que los cadáveres hallados en las fosas no correspondían a normalistas, no han servido de nada. La incapacidad gubernamental para identificar con rapidez los cuerpos descubiertos o para aportar una respuesta clara y contundente a un enigma que lleva más de dos semanas hundiendo en el dolor a los padres y compañeros, han hecho estallar la olla a presión.
Chilpancingo, la capital de Guerrero, ha sido testigo de este desbordamiento. Allí, unos 500 normalistas, acompañados de algunos padres, rodearon a mediodía con cadenas el Palacio para exigir una entrevista con el gobernador. Frustrada esta petición y tras un accidentado desalojo del edificio, el grado de violencia fue en aumento: empezaron a lanzar piedras y cohetes, luego quemaron vehículos y finalmente irrumpieron en algunas oficinas, a las que rociaron con gasolina y prendieron fuego. Uno de los siete edificios del complejo oficial, correspondiente a la Secretaría de Gobierno (Interior), quedó destruido por el incendio. Medio millar de agentes antidisturbios contemplaron en la distancia en asalto. Al anochecer, finalizada la venganza, los estudiantes se marcharon en sus autobuses. En sus movimientos, contaron con el apoyo de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, que posteriormente al asalto al Palacio de Gobierno, atacaron el Ayuntamiento de Chilpancingo. Los bomberos apagaron el fuego a las pocas horas.
La posibilidad de nuevos ataques es temida por las autoridades. Los normalistas forman una estructura altamente organizada. De ideología radical, durante décadas han sido el principal semillero de las guerrillas del sur. La muerte de sus compañeros en Iguala a manos de la policía municipal y los sicarios del cartel de Guerreros Unidos, así como la desaparición de otros 43 les han movilizado como nunca en años. En las últimas semanas, mientras acompañaban a los padres de las víctimas en las tareas de búsqueda, sus “acciones” no han pasado de cortar carreteras y tomar puestos de peaje. Ahora, han escalado en la selección del objetivo.
El blanco elegido por los normalistas, el Palacio de Gobierno, representa para ellos la suma de males que aqueja a Guerrero. Al gobernador le acusan, cuando no de connivencia con el narco, sí de lenidad en su persecución. Aguirre, llamado El Cacique de la Costa Chica, representa como pocos la adherencia al cargo de ciertos políticos mexicanos. Durante 30 años militó en el PRI, donde disfrutó, como senador, diputado federal y hasta gobernador interino, de las mieles del poder. Pero la decisión del PRI de descartarle como candidato en las pasadas elecciones de 2011, le llevó a pasar con toda su bagaje al PRD (izquierda). Un salto del que, haciendo gala de su enorme conocimiento del terreno, resultó vencedor. Desde entonces, la acelerada descomposición que ha vivido Guerrero, el estado más violento de México y donde el narco ha impuesto su ley, ha erosionado fuertemente su figura. Una degradación que la matanza de Iguala ha llevado al extremo.
El propio Aguirre, consciente de que está sentado sobre un polvorín que cualquier palabra o gesto pueden hacer estallar, se mantuvo en silencio. La respuesta oficial a los incidentes la dejó en manos del secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, quien se mostró conciliador con los normalistas y pidió “sumar voluntades”. Este portavoz insistió en que la prioridad es dar con los desaparecidos.
Ante la posibilidad de que hoy se registren nuevos y mayores incidentes, debido a la llegada de miles de normalistas de Michoacán, el Gobierno estatal ha desplegado las fuerzas antidisturbios por toda la capital de Guerrero.
Leído en http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/14/actualidad/1413250883_179321.HTML
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