Al incendiar la sede del gobierno guerrerense, los normalistas, familiares de los estudiantes desaparecidos y maestros no sólo expresaron su rabia y dolor, también mostraron el hartazgo que tienen ante la ingobernabilidad e incapacidad de las autoridades de todos los niveles por frenar el poderío del crimen organizado.
Esta imagen del edificio de gobierno en llamas ha recorrido ya los noticieros de todo el mundo y da la idea o la percepción del inicio de una insurgencia social, sobre todo si tomamos en cuenta el contexto de que el país está inmerso en una espiral de violencia, que se está profundizando una crisis política con partidos y gobernantes corruptos y ligados al crimen organizado, que la economía está estancada, la pobreza va en aumento, lo mismo que el desempleo y la falta de espacios educativos para los jóvenes.
Precedido por el escándalo del fusilamiento de 22 personas por el Ejército en el poblado mexiquense de Tlatlaya, el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa puso de cabeza al gobierno de Enrique Peña Nieto que ya se mostraba triunfante por las reformas estructurales, sobre todo la energética, con las cuales se presentaba en el extranjero como un gobierno moderno y de vanguardia.
Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto en los hechos está completamente rebasado por la crisis social, política y económica, y no le ha alcanzado la estrategia mediática que montó con la ayuda de las televisoras tras la aprobación de las reformas estratégicas, principalmente la de telecomunicaciones y energética, para dar la impresión de que el país está tranquilo y progresando.
Es más, ni siquiera las detenciones de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”, Héctor Beltrán Leyva o la muerte del supuesto líder de los Guerrero Unidos, Benjamín Mondragón, pudieron tapar la inmensa fractura de gobernabilidad que representa la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y el fusilamiento de las 22 personas de Tlatlaya.
Frente a esta crisis el gobierno federal ha reaccionado mal y tardíamente. En un principio negaron los hechos de Tlatlaya, mientras que de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa quisieron dejarle toda la carga y los costos al gobernador perredista Aguirre Rivero para desgastarlo y criminalizarlo.
Pero ante el crecimiento del conflicto, principalmente por la respuesta unificada de los estudiantes de las universidades públicas y del Politécnico, el gobierno peñista ha tenido que asumir su responsabilidad al asegurar que se aplicará la justicia ante los responsables directos de la desaparición de los normalistas.
Lo más probable es que en un intento por apaciguar los ánimos se tome la decisión de hacer que renuncie el gobernador Ángel Aguirre Rivero y se instale a un interino como se hizo en Michoacán. No obstante, esta decisión ya es inadecuada, las aguas se encuentran agitadas, los grupos guerrilleros como el ERPI ya anunciaron que actuarán y el conflicto habrá de seguir escalando hasta permear las elecciones del año entrante que para el PRI son clave en su intento por mantenerse en el poder a toda costa.
Twitter: @GilOlmos
Leído en http://www.proceso.com.mx/?p=384883
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