Cuando se pensaba que el momento más importante para el gobierno de Enrique Peña Nieto había ocurrido el día que le aprobaron su Reforma Energética, con lo que culminaba el plan reformista y el gobierno se disponía a trazar su ruta crítica para administrar, el resto del sexenio, los beneficios y el crecimiento que traerían las reformas que le harían trascender, la realidad dio una vuelta de revés y ha colocado a la actual administración en otro momento clave de definiciones: resolver la crisis en Guerrero y detener el proceso de sublevación en marcha en varios estados. Ese parece ahora el imperativo que puede marcar el futuro inmediato del gobierno y del país.
Si al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz lo marcó la decisión que tomó por la represión al movimiento estudiantil de 1968, el actual movimiento estudiantil y de otras organizaciones civiles radicales que está en ciernes puede marcar el derrotero de esta administración si no se atiende y resuelve rápido el origen que da pie a una veloz movilización entre estudiantes de diversas universidades y escuelas que ayer sumaban ya 29 planteles en paro entre facultades, preparatorias y centros universitarios.
El mitin de ayer en la explanada de la UNAM y las movilizaciones a las que se sumaron ya otras instituciones —como la UAM, la UACM y la Universidad de Chapingo, amén del paro en el Politécnico que aunque con otro origen se empata con este movimiento— es el indicador más claro de que no hace falta mucho para que los vasos comunicantes que existen entre las universidades públicas de todo el país comiencen a activarse y eleven el reclamo de justicia por los normalistas de Ayotzinapa muertos y desaparecidos, de una crisis regional en el sur del país, a un tema nacional que puede convertirse en una crisis mayor para el gobierno federal.
El retraso de una decisión como la salida del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, vía una renuncia o solicitud de licencia, combinado con la falta de avances concretos en las investigaciones para saber dónde están los 43 normalistas desaparecidos y si están muertos o siguen con vida, está elevando el costo político de un problema que empezó siendo local pero que, por las condiciones de violencia e inseguridad que hay en otras entidades y regiones de la República, se trasmina rápidamente hacia un clamor nacional contra la impunidad del crimen organizado, la corrupción de las autoridades y la injusticia.
Qué tanto habrá escalado el problema, ante la falta de definiciones desde el gobierno federal, que el PAN en el Congreso no sólo habla de la necesaria salida del gobernador Aguirre Rivero sino que ya sumó a los reclamos la renuncia del procurador Jesús Murillo Karam, encargado por orden presidencial de las investigaciones para dar con el paradero de los normalistas desaparecidos. Se supone que Murillo es la carta del presidente para ser el primer Fiscal General de la República por los próximos siete años y de entrada este caso ya empezó a desgastar gravemente al funcionario.
Los estudiantes en las calles, la masacre en Guerrero y las protestas violentas que ha desatado, junto a la activación de células y grupos radicales que ya se movilizan en estados como Oaxaca y Michoacán, configuran un panorama y un momento actual muy distinto al planeado en la ruta de la aplicación de las reformas trazadas por el gobierno. El presidente está parado en el punto clave para decidir cómo quiere que sea recordada su administración: como la de las reformas que cambiaron el rostro de México o como la etapa en que se levantaron movimientos sociales y estudiantiles que descarrilaron su proyecto reformista.
NOTAS INDISCRETAS… En Chiapas se viven tiempos de contraste. Entre la reciente movilización del EZLN, los planes de boda del gobernador Manuel Velasco y los planes de sus antecesores, el estado del sureste no deja de dar sorpresas. Resulta que Pablo Salazar Mendiguchía, el ex gobernador que estuvo preso acusado por su sucesor Juan Sabines de malversación de fondos, ahora busca reivindicar su imagen a través de una diputación y está en tratos con el PRD para postularse por un distrito federal de Tuxtla Gutiérrez. Y mientras Salazar busca llegar a San Lázaro, al otro ex gobernador Juan Sabines se le ve de lo más tranquilo en Acapulco, en el departamento de lujo donde reside junto a la base naval, en donde dicen que no quiere saber nada del desastre financiero en que dejó al estado. Así las cosas en Chiapas, entre bodas, regresos y retiros de playa… Paran los dados. Serpiente doble.
Leído en http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/10/109311.php
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