A la memoria de Raúl
Álvarez Garín
Álvarez Garín
Los sucesos de la noche de Tlatelolco y las ejecuciones en Tlatlaya tienen similitudes y diferencias que ayudan a esclarecer presente y diagnosticar futuro.
El Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz aseguró que el 2 de octubre de 1968 hubo un “enfrentamiento” porque en Tlatelolco el Ejército “fue recibido por francotiradores”. Después vino una conspiración de silencio que se fue rompiendo hasta que supimos que el Presidente había infiltrado a un grupo de gatilleros para disparar desde las alturas contra civiles, militares y policías y justificar la aniquilación del movimiento estudiantil.
En un primer momento el Gobierno federal aseguró que el 30 de junio hubo un “enfrentamiento” en Tlatlaya iniciado por un grupo de delincuentes, 22 de los cuales murieron. A la semana la versión ya mostraba fisuras porque la Asociated Press difundió un texto que lanzaba la hipótesis de la ejecución sumaria. Otros medios (entre ellos Reforma, La Jornada, Animal Político y Primer Plano de Canal 11), además de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch abonaron al escepticismo.
La información es de quien la trabaja. El 13 de julio el español Pablo Ferri Tórtola y la boliviana Natalie Iriarte iniciaron una investigación para Esquire México (propiedad de Televisa). Las pistas los llevaron a Arcelia, Guerrero en donde entrevistaron a una de las supervivientes. La que se hace llamar “Julia” es la madre de Erika Gómez, la estudiante de secundaria de 15 años muerta esa noche, y dio los detalles sobre las ejecuciones que llevaron a la detención, por las autoridades militares, de un oficial y siete soldados. La historia sigue teniendo huecos: ¿por qué dejaron vivir a tres mujeres?, ¿qué hacían en ese lugar la madre y la hija con presuntos delincuentes? En el Gobierno, ¿quién supo qué y cuándo?
En tanto nos enteramos me centro en el significado de Tlatlaya. ¿Se trata de un hecho aislado o de un patrón que avisa el retorno de la represión? Comparar ilustra. En el 68 sí había una política de Estado para silenciar como fuera a los inconformes de izquierda. No es el caso en la actualidad. Es cierto que Enrique Peña Nieto desea reconstruir el presidencialismo, pero no hay indicios de que ordene la violencia indiscriminada y dudo que el Ejército o la Marina opondrían resistencias a ese camino.
La violencia contemporánea está fragmentada y descentralizada porque la ejercen múltiples actores. Sí existen patrones. Cuando los responsables son policías y militares lo común es que busquen silenciar los hechos y responsabilizar a las víctimas aprovechándose de que las atemorizadas mayorías nacionales aceptan –y no falta quien aplauda– la eliminación sumaria de los otros. En eso influye, también hay que decirlo, la deshumanización tácita o explícita manejada por quienes gobiernan. El mexiquense Arturo Montiel decía que las “ratas” no tienen derechos y Felipe Calderón justificaba su política porque ellos eran “cucarachas”, “alacranes”, “ratas”. El etiquetar difumina detalles; desconocemos, por ejemplo, si todos los muertos de Tlatlaya eran maleantes.
En diversas partes del País surgen avisos de que están dadas las condiciones para una mayor violencia. Para evitarlo es indispensable, urgente, recomponer las barreras institucionales ahora hechas trizas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos debería iluminarnos con información objetiva, veraz y oportuna montada sobre la autoridad moral del comprometido con la legalidad y la justicia. En lugar de ello ha hecho el ridículo en Tlatlaya. Después de tres meses no ha emitido un solo comunicado limitándose a balbucear declaraciones que muestran su incompetencia.
El 17 de septiembre supimos por El País que Marat Paredes, primer visitador de la CNDH, aseguraba que no había investigación sobre Tlatlaya, porque no habían “recibido una queja” y que tampoco estaban haciendo una investigación de oficio. El 19 se publica el reportaje de Esquire –que ninguna autoridad ha desmentido– y el 23, Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, desmiente a Marat y afirma que sí tenían testimonios, peritajes y otras evidencias que lo llevaban a “suponer que se trató de un enfrentamiento”. ¿Cuál de los dos miente?
En el 68 no había institución pública que protegiera a los muertos y perseguidos. En 2014 la hay pero es como si no existiera. Para enfrentar la indefensión de las víctimas y la impunidad de los verdugos se tiene que modificar discurso y refundar a la CNDH.
Colaboró Maura Roldán Álvarez.
Comentarios: www.sergioaguayo.org
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