En conferencia de prensa, Jesús Murillo Karam precisó que aún se está analizando hasta donde llegan las responsabilidades de los otros cinco militares detenidos y que la averiguación previa quedará concluida este miércoles cuando sea entregada a un juez.
“Nos queda claro que hubo un enfrentamiento entre militares y delincuentes en la bodega de Tlatlaya”, dijo, y explicó que después de ese encuentro, estos tres militares entraron a la bodega y sin ninguna justificación dispararon contra los civiles.
Los militares “incurrieron en el exceso de fuerza sin justificación alguna” en los hechos en lo que murieron 22 personas el pasado mes de junio.
Aseguró que independientemente de estas investigaciones, se sigue con el proceso por parte de la justicia militar.
Cabe recordar que el grupo de ocho elementos del Ejército, siete de tropa y un oficial, fueron llevados ante un juez al Campo Militar número 1 el pasado 26 de septiembre, y posteriormente ingresados en una cárcel militar acusados de violaciones al Código Militar por el enfrentamiento del pasado 30 de junio. AH
http://www.24-horas.mx/pgr-acusara-de-homicidio-al-menos-a-tres-militares-por-caso-tlatlaya/
Altamente preocupante caso Tlatlaya: expertos
Preocupación y alarma expresaron analistas especializados en temas de seguridad tras las nuevas revelaciones relacionadas con la muerte a manos del Ejército de 22 personas el pasado 30 de junio en el Estado de México, y que apuntan a una posible ejecución extrajudicial y encubrimiento del caso.
Es por ello que exigieron una investigación que sea clara y contundente, y que no deje duda en la opinión pública de lo ocurrido, sin descartar de antemano ninguna línea de investigación.
En entrevista con 24 HORAS el investigador y director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Ernesto López Portillo, dijo que es “extremadamente preocupante” la evidencia sobre un homicidio múltiple a manos castrenses en el municipio de Tlatlaya, pero más aún la deficiente respuesta institucional al respecto.
“Me preocupa mucho la calidad de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (…) Hay elementos suficientes para preocuparnos mucho respecto, si los sistemas de justicia y de protección a los derechos humanos son realmente funcionales o no”, dijo.
Portillo consideró como un error el que el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, haya adelantado la semana pasada que aunque falta mes y medio para que se concluya la indagatoria, hay indicios de que lo ocurrido fue meramente un enfrentamiento por más de dos horas.
“Es como si un procurador nos dice que no ha terminado la investigación pero les aviso que no voy a consignar, es inconcebible el adelanto que nos da el ombudsman nacional y nos habla incluso de un manejo político de los tiempos de la investigación”, indicó.
El investigador señaló que en México no se reconoce ni se aceptan fácilmente los temas relacionados con abusos de poder del Ejército, pero la gravedad del caso amerita una indagatoria clara y que convenza a la ciudadanía en general.
Cabe recordar que la semana pasada se dieron a conocer versiones de testigos respecto a que los militares habrían asesinado a los supuestos delincuentes luego de que estos ya estaban sometidos, y no durante el intercambio de fuego. El viernes fueron publicadas fotografías de las personas que perdieron la vida y que generan dudas en criminólogos independientes.
¿Soldados a sueldo?
La analista de la organización especializada en crimen organizado InSight Crime, Kyna Gurney, dijo que si bien lo ocurrido el 30 de junio aun es un misterio, es evidente que “algo salió terriblemente mal” en dicho despliegue y que debe ser esclarecido pronto, sin que se descarte ninguna línea de investigación.
En su artículo destaca que lo ocurrido puede tratarse de un tema de abuso de la fuerza, pero también es factible que la “patrulla del Ejército haya estado trabajando en nombre de un grupo criminal rival, el cual habría pagado a para matar a las personas de la bodega”. Recuerda que en Colombia se presentaron casos de esta naturaleza.
Actualmente un oficial y siete elementos que participaron en el despliegue están recluidos en la prisión del Campo Militar número 1 por infracciones al Código de Justicia Militar. Además son investigados por la PGR por el delito de homicidio agravado.
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