Cuando los atraparon estaban escondidos en un cuarto que rentaban dentro de una casa en Iztapalapa, en la Ciudad de México.
Desde que asumió el cargo de presidente municipal perredista de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda ejercieron el poder de una manera absoluta. Se dice que la que mandaba era ella mientras que él administraba los asuntos cotidianos del municipio.
Las autoridades federales y estatales nos han dicho que esta pareja es responsable por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de Septiembre; que él es quien ordenó atacar a balazos los normalistas y luego desaparecerlos; que él es responsable de los seis muertos que dejó la balacera; que él ordenó el asesinato, en junio de 2013, de un líder de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, y tal vez de otros dos miembros de esa organización; que ella es la cabeza en Iguala de la banda Guerreros Unidos, la cual fundada por exsicarios de el Cártel de los Beltrán Leyva, organización a la cual pertenecieron sus padres y cuatro hermanos, dos de los cuales murieron asesinados.
También se nos ha dicho que desde 2009 se sospechaba que María de los Ángeles y su hermano Salomón estaban al frente de los Guerreros Unidos, que éste fue capturado y luego dejado en libertad por un “error” en la integración de la averiguación previa.
Sabemos también que el matrimonio Abarca-Pineda es propietaria de 65 propiedades que están a su nombre o el de sus hijos. Nada mal para un hombre que en una época vendió sombreros y huaraches en un tianguis y luego se dedicó a vender joyería de oro en la economía informal.
Aparentemente, la pareja acumuló una considerable fortuna sin jamás ser investigada por el Servicios de Administración Tributaria (SAT). Tan solo una de sus propiedades, un centro comercial en Iguala, está valuada en 300 millones de pesos.
Todos esto lo sabemos porque nos lo han dicho las autoridades federales y estatales.
Ahora bien, ¿qué pasará si José Luis y María de los Ángeles niegan ser responsables de todo lo que se les acusa, como supongo que lo harán?
Pues los ministerios públicos federal y estatal que los investigan deberán probar cada una de las acusaciones y convencer a los jueces que se encarguen de los casos que tanto él como ella son culpables de los delitos que se les imputan.
Aquí deberán comprobarse los delitos con base en evidencias reales y no en los dichos de otros delincuentes, como ocurrió durante el sexenio pasado.
Tal vez sea más fácil mandarlos a la cárcel por el delito de evasión fiscal. Recuerda, solo así pudieron condenar al temible Al Capone.
Desde que asumió el cargo de presidente municipal perredista de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda ejercieron el poder de una manera absoluta. Se dice que la que mandaba era ella mientras que él administraba los asuntos cotidianos del municipio.
Las autoridades federales y estatales nos han dicho que esta pareja es responsable por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de Septiembre; que él es quien ordenó atacar a balazos los normalistas y luego desaparecerlos; que él es responsable de los seis muertos que dejó la balacera; que él ordenó el asesinato, en junio de 2013, de un líder de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, y tal vez de otros dos miembros de esa organización; que ella es la cabeza en Iguala de la banda Guerreros Unidos, la cual fundada por exsicarios de el Cártel de los Beltrán Leyva, organización a la cual pertenecieron sus padres y cuatro hermanos, dos de los cuales murieron asesinados.
También se nos ha dicho que desde 2009 se sospechaba que María de los Ángeles y su hermano Salomón estaban al frente de los Guerreros Unidos, que éste fue capturado y luego dejado en libertad por un “error” en la integración de la averiguación previa.
Sabemos también que el matrimonio Abarca-Pineda es propietaria de 65 propiedades que están a su nombre o el de sus hijos. Nada mal para un hombre que en una época vendió sombreros y huaraches en un tianguis y luego se dedicó a vender joyería de oro en la economía informal.
Aparentemente, la pareja acumuló una considerable fortuna sin jamás ser investigada por el Servicios de Administración Tributaria (SAT). Tan solo una de sus propiedades, un centro comercial en Iguala, está valuada en 300 millones de pesos.
Todos esto lo sabemos porque nos lo han dicho las autoridades federales y estatales.
Ahora bien, ¿qué pasará si José Luis y María de los Ángeles niegan ser responsables de todo lo que se les acusa, como supongo que lo harán?
Pues los ministerios públicos federal y estatal que los investigan deberán probar cada una de las acusaciones y convencer a los jueces que se encarguen de los casos que tanto él como ella son culpables de los delitos que se les imputan.
Aquí deberán comprobarse los delitos con base en evidencias reales y no en los dichos de otros delincuentes, como ocurrió durante el sexenio pasado.
Tal vez sea más fácil mandarlos a la cárcel por el delito de evasión fiscal. Recuerda, solo así pudieron condenar al temible Al Capone.
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