Muy mala noticia que los primeros intentos de consulta popular hayan
fracasado estrepitosamente. Pésimo experimento para estimular la
participación ciudadana: se recolectaron conjuntamente 13 millones de
firmas, se prometió cambiar la reforma energética, elevar el
salario mínimo y reducir el número de legisladores, pero nada de ello
ocurrirá. Muchos que plasmaron su firma se sentirán engañados; otros no
volverán a participar. Lástima porque la consulta popular podría ser una
figura relevante para la participación informada y responsable de la
sociedad en los asuntos públicos.
¿Por qué fracasó? Tres razones: legislación deficiente, mala redacción de las preguntas y poca iniciativa ciudadana.
1.
Legislación deficiente. Dos problemas centrales. Primero, falta de
claridad respecto al alcance de la consulta: ¿Sirve para enmiendas
constitucionales o sólo para cambios a la legislación secundaria?
Segundo problema: falta de precisión de las materias prohibidas.
El
primer asunto género expectativas sin sustento. El PRD y López Obrador,
cada uno por su lado, prometieron a sus seguidores que “echarían
pa’tras” la reforma energética sin comprender que la redacción del
artículo 35 constitucional impedía que la consulta popular fuera una vía
para cambiar la Carta Magna. Si el propósito de la consulta era
que su alcance llegara a la norma suprema, era necesario haber adaptado
el artículo 135 que establece las modalidades para cambios
constitucionales, lo cual nunca ocurrió.
Respecto a la materia
prohibida, la redacción de la norma es muy genérica y condujo a una
interpretación sumamente restrictiva de la Corte. Según la Constitución,
los temas prohibidos son los derechos humanos, la materia electoral,
los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, entre otros.
En
el caso de los ingresos y gastos del Estado, es evidente que no se
puede preguntar sobre la eliminación de impuestos ni tampoco sobre las
exenciones fiscales, por ejemplo. Pero no queda claro si la prohibición
incluye cualquier asunto que afecte las finanzas públicas, aun sea de
forma indirecta. Por esa vaguedad, la Corte resolvió que los ingresos y
gastos del Estado deben ser entendidos en su acepción más amplia; por
ello rechazó la consulta del PAN que proponía elevar el salario mínimo,
ya que es parámetro de retribución para servidores públicos, unidad para
el otorgamiento de pensiones y prestaciones, para el pago de cuotas y
multas, entre otras.
El problema de la falta de precisión es que
teóricamente cualquier tema de consulta puede eventualmente afectar los
ingresos y gastos del Estado. Podría incluso argumentarse que todos los
temas de una consulta están vedados por la simple razón de que cualquier
política pública o legislación que emane de una consulta popular
requiere recursos públicos para ejecutarse.
2. La segunda razón del fracaso de los intentos de consulta popular
fue la mala redacción de algunas preguntas. El PRD, por ejemplo,
propuso la siguiente: ¿Está de acuerdo en que se mantengan las reformas a
los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética?
Siendo tan genérica, la Corte resolvió que también afectaba los ingresos
del Estado y la rechazó. Efectivamente, muchas fracciones de esos tres
artículos abordan los temas fiscales —por ejemplo, la fracción sexta del
artículo 28 establece la creación del Fondo Mexicano del Petróleo que
administrará la renta petrolera. Pero muchos párrafos versan sobre otros
temas: organización industrial, contratos a particulares, gobierno
corporativo de Pemex, entre otros. Al plantear así la pregunta, el PRD
bloqueó su propia consulta porque en esos artículos efectivamente se
regulan temas fiscales junto con otros de diversa naturaleza.
Morena
preguntó: ¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o
concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la
explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la
industria eléctrica? Se trata en realidad de varias preguntas que
mezclan múltiples temas de diversa naturaleza e impiden una respuesta
“categórica en sentido positivo o negativo” como mandata la ley. El
ministro Pérez Dayán expresó que la pregunta “no permite obtener un
resultado eficaz, concreto y que de verdad represente una opinión de la
ciudadanía pues ésta genera múltiples variantes en las cuales el
consultado podría estar de acuerdo en alguno de los casos con todo su
contenido, y en algunos otros sólo en parte”.
3. Finalmente, el
experimento fracasó por la falta de iniciativas realmente ciudadanas.
Las cuatro peticiones de consulta fueron orquestadas por los partidos y
ninguna por organizaciones independientes de la sociedad civil,
algunas de las cuales demandaban desde hace años una reforma política
para darles voz a los ciudadanos. ¿Dónde están esas voces que quieren
opinar y participar? ¿Por qué no organizaron ninguna consulta al margen
de los partidos?
La suma de deficiencias y errores de la consulta
popular parece un engaño concertado. Para que lo haya se requieren dos:
el engañador y el engañado. En toda esta simulación llama la atención
la petición del PRI para reducir los plurinominales que fue la última en
ser rechazada ayer. Era la pregunta más endeble de todas —hacía
referencia a la materia electoral explícitamente prohibida e implicaba
enmiendas a la Constitución. ¿Qué ganó ese partido con una pregunta que
sabía era clara y totalmente improcedente?
Leído en http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/por-que-fracaso-la-consulta-popular.html
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