Desde hace muchos años (1982 para ser exacta) he estudiado a las esposas
de los gobernantes de México para conocer sobre su importancia en la
cultura y la política, a partir de su quehacer público en el desempeño
de esa función. El resultado de ese trabajo está en varios libros y
artículos, principalmente en "La suerte de la consorte" (editorial
Océano), texto que he corregido, aumentado y puesto al día varias veces,
para agregar a las primeras damas en cada sexenio transcurrido desde su
primera edición. La versión que circula ahora ya incluye a la señora
Angélica Rivera de Peña Nieto.
Explico esto para que el amable lector pueda poner en contexto mi
artículo de hoy, porque en él sostengo que el tema de la casa de Las
Lomas, que tanto ruido ha hecho en fechas recientes, no tiene que ver
con el tema de la Primera Dama.
Se trata de un asunto político que se enmarca dentro del objetivo de
pegarle al Presidente, desestabilizar su gobierno e incluso, si se
puede, hacerlo renunciar. La compra que hizo su esposa es un eslabón de
esa cadena, tal vez el menos importante, pero ha resultado muy efectivo,
pues ha obligado a la señora y al propio Mandatario a comparecer ante
la opinión pública dando información sobre su patrimonio.
Este hecho inédito ha sido posible por la indefinición jurídica que existe sobre las primeras damas.
Y es que si bien ellas no son oficialmente servidoras públicas, sí
tienen un nombramiento en una institución del Gobierno. La señora de
Peña Nieto es presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del DIF, cargo
en el que no cobra salario pero está obligada a trabajar, y del que
tomó posesión en una ceremonia en la residencia oficial de Los Pinos con
presencia del Presidente. Este enredo es lo que da pie a la confusión,
pues no hay claridad en la frontera entre ser o no servidora pública.
Por eso he venido insistiendo desde hace años en que se deben
reglamentar los derechos y deberes de las primeras damas, algo que no
les ha parecido importante a los legisladores, con todo y que hemos
tenido esposas que lo habrían ameritado por lo que hicieron.
Pero por lo pronto, no queda claro si podemos exigirle cuentas, pues
para los ciudadanos existe el derecho a la privacidad y al resguardo de
datos personales, algo que no se le respetó a la señora.
Lo que salió a la luz con su declaración pública fueron tres cuestiones
importantes: una, la exhibición de las cantidades fabulosas de dinero
que se pueden ganar y gastar, algo que resulta impactante pero no es
ilegal, es asunto de cada quien con aquel que lo contrata y nada tiene
que ver con los contribuyentes, siempre y cuando pague sus impuestos. Y
la señora lo hizo.
Dos, el influyentismo que permite hacer y deshacer. Pero que tire la
primera piedra quien no use eso en este País, esa es la cultura mexicana
y todos solicitamos ayuda al primo del hermano del compadre que labora
en tal oficina gubernamental o en tal hospital público para comprar,
vender, resolver, conseguir, porque donde no funciona la ley, así se
arreglan las cosas.
Y tres: la mirada contradictoria sobre las mujeres. Las feministas (y
muchas periodistas, entre las que se cuentan algunas que han sacado a la
luz este tema) hemos pugnado por la igualdad y la independencia de las
mujeres y que quienes trabajan puedan usar sus recursos como mejor les
parezca. Y sin embargo, cuando la señora Angélica presume este hecho, se
lo desvaloriza y se la quiere obligar a considerar lo suyo como
inseparable de lo de su marido.
Como resulta evidente de todo lo que he dicho, no ha habido consistencia
en la manera de explicar y de interpretar esta situación, pues se
revuelven demasiados elementos vengan o no a cuento. Y esa revoltura es
posible porque nuestras leyes no son claras y sobre todo, porque en este
caso, de lo que se trata es, repito, de usar a la señora para pegarle a
su marido.
Escritora e investigadora en la UNAM
sarasef@prodigy.net.mx
www.sarasefchovich.com
Leído en http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104
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