Algunos imaginaban un escenario en el
que el presidente renunciaría antes del 1 de diciembre como consecuencia
de la crisis provocada por la tragedia de Ayotzinapa y el escándalo de
la “Casa Blanca”. No sucedió, y ya nadie empuja esta salida porque
pasados dos años de gestión el sustituto sería el resultado de una
negociación entre grupos parlamentarios. Hoy hay otro escenario, mucho
más probable, del que se dice casi nada, y que debería preocuparnos
mucho más: Y es que a la debilidad institucional del Estado mexicano —su
incapacidad para garantizar el respeto de la ley— se le sumen cuatro
años de un presidente disminuido. Vulnerado por las críticas de la
tardanza de su gobierno en el caso de Ayotzinapa, pero sobre todo por
las insuficientes explicaciones en torno al conflicto de interés en que
habría incurrido con una empresa constructora.
A los iniciadores del Pacto por México
los unió un mismo diagnóstico: que el poder público en nuestro país
llevaba años supeditado a los intereses de los poderes fácticos y que
ningún partido, ni ningún presidente estaría en condiciones de
enfrentarlos exitosamente a no ser que contara con el respaldo de toda
la clase política o por lo menos de los tres principales partidos.
Habían llegado a esa conclusión, unos desde la experiencia de gobierno
como Santiago Creel que fue secretario de Gobernación o desde los
curules de la Cámara y el Senado como Gustavo Madero y Jesús Ortega. La
impotencia que decían haber experimentado en los últimos años de su vida
pública fue lo que cimentó una alianza fuerte. Y las reformas pasaron. Y
gracias a esa alianza y a la fuerza que le daba, el presidente pudo
tomar distancia de los empresarios para votar la Reforma Fiscal, y de
Slim para abrir a la competencia el sector de telecomunicaciones, y de
Televisa para facilitar la competencia en los medios audiovisuales, y
del sindicato de maestros para votar la Reforma Educativa.
El riesgo es que ahora con una
presidencia cuestionada el gobierno toque la retirada y paso a paso vaya
desmantelando los logros obtenidos con las reformas en aras de
conseguir aliados que lo sostengan, o peor, para prevenir y evitar
nuevas acometidas.
Hace unos días el secretario de
Hacienda, Luis Videgaray sorprendió al decir que el gobierno no está
cerrado “al planteamiento de disminuir los impuestos” y que se
analizaría para el 2016. Días después el propio presidente reunido con
el Consejo Coordinador Empresarial ofreció la posibilidad de revisar que
se reduzca la carga fiscal que tienen las empresas para que puedan
generar más empleo. Hace unos meses, Luis Videgaray había descartado
cualquier modificación en los impuestos en lo que restaba del sexenio.
¿Qué pasó? Más allá de la conveniencia o no de que se haga: ¿hubo una
reevaluación de las perspectivas económicas del país o fue la necesidad
de tener a los empresarios de aliados en circunstancias difíciles lo que
motivo el cambio en el gobierno? Lo mismo puede ocurrir con la Reforma
Educativa, desgastado por las manifestaciones y con un respaldo menguado
¿cederá el gobierno ante la CNTE que se opone a su aplicación temeroso
de más manifestaciones violentas cuando tiene Guerrero en llamas? Y lo
mismo en materia energética y de competencia económica y a la hora de
imponer sanciones a grandes empresas. ¿Sería hoy el gobierno igual de
intratable como lo fue con Grupo México por el derrame en el río Sonora?
El gobierno no quiere más tropiezos, o
dar la impresión de que los tiene, y eso lo debilita. Se necesita un
Estado fuerte y un presidente respaldado para enfrentar a los poderes
fácticos. Un gobierno cuestionado y un presidente disminuido fácilmente
pueden caer en la tentación de hacer amigos y aliados a grupos que antes
estuvieron dispuesto a enfrentar y a limitar. Sería un gran retroceso
para todos.
twitter: @denise_maerker
Leído en http://periodicocorreo.com.mx/atando-cabos-09-diciembre-2014/
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