Las estadísticas se desprenden del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), contemplando los siguientes rubros: ejecuciones, enfrentamientos, homicidios dolosos producto del narcomenudeo y asesinatos intencionales cometidos con arma de fuego de alto calibre o con tiro de gracia.
El recuento riguroso hecho por el prestigiado Semanario Zeta, revela también a los 10 estados más violentos del país durante los últimos 23 meses, con base en las cifras del SNSP:
Estado de México a la cabeza con cinco mil 450 homicidios dolosos; Guerrero, tres mil 680; Chihuahua, tres mil 357; Jalisco, dos mil 650; Michoacán, dos mil 649; Sinaloa, dos mil 254; Tamaulipas, mil 849; DF, mil 842; Baja California, mil 612, y Nuevo León con mil 448.
Los menos violentos son Yucatán con 88 ejecuciones y Aguascalientes, con 87.
Con base en las cifras oficiales, el corredor que integran el Estado de México, Guerrero, Jalisco y Michoacán, concentra 14 mil 429 homicidios intencionales, que representa 35 por ciento del total de ejecuciones.
Basta un dato para ponderar la violencia en México: durante el sexenio de Felipe Calderón, oficialmente se registraron 83 mil 191 ejecuciones. En casi dos años del gobierno peñista, son poco más de 40 mil. De continuar este ritmo, habría, al cierre de la actual administración, más de 100 mil muertos.
Es la violencia en México que ni cesa ni se controla ni se puede ocultar.
Es la violencia y, por supuesto, es la hoguera de Ayotzinapa que no se apaga.
La confirmación de que restos hallados en el basurero de Cocula pertenecen al normalista Alexander Mora, en lugar de calmar los ánimos, los encendió todavía en mayores proporciones.
Desde Guerrero, los padres de los otros 42 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, advirtieron que radicalizarán sus protestas. Es una alerta que mal haría el gobierno en soslayar.
Por eso seguirán las marchas y protestas sociales en el DF y en varias zonas del país. Si el gobierno está calculando que las fiestas navideñas abrirán un paréntesis en la irritación ciudadana, más le valdría reconsiderar esta postura.
Guerrero muestra síntomas inequívocos de que la insurrección popular comienza a influir, de manera directa y determinante, en el orden institucional, ante la desconfianza hacia autoridades, legisladores y gobiernos.
Lo ocurrido con el diputado local del PRD, Daniel Esteban González, es una prueba irrefutable.
El legislador fue retenido por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), y por el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), y sometido a un “juicio popular” que nos da un fresco del estado de ánimo en la entidad.
El diputado perredista fue obligado a firmar su “licencia en forma definitiva”, bajo el cargo de no haber exigido la presentación con vida de los normalistas de Ayotzi.
¿Qué ha hecho (Daniel Esteban González) por Cochoapa (su municipio), por esa gente que anda descalza y que a duras penas llegan los maestros porque no hay aulas, y donde las hay, no tienen pizarrones ni útiles escolares?; fue otra acusación en contra del legislador amarillo, quien fue declarado persona non grata “para el pueblo de Guerrero por actos de omisión e incidencia estatal ante los hechos ocurridos en Iguala”.
Ni nos asustemos ni nos persignemos ni mucho menos enviemos a la hoguera de las hipocresías a quienes sometieron al diputado Esteban González.
Son las consecuencias de años de abandonos, de burlas, de agravios de los poderes establecidos –vía legisladores, alcaldes y gobernadores–, que solamente se toman la foto con los pobres cada que necesitan votos, y después los condenan al olvido y a la pobreza extrema.
Lo ocurrido con el legislador perredista es botón de muestra de que el hartazgo popular –radicalizado, sí, pero más que entendible y hasta justificable–, está llegando a fronteras de desbordamiento social y obligando a una medida de alto riesgo: la justicia por propia mano.
Hoy, el legislador Esteban González puede contar que pidió licencia. No nos hubiera extrañado que tras ser retenido durante más de 15 horas, hubiera sido linchado o ajusticiado por la ira popular.
La situación llega a extremos incontrolables, mientras la furia popular por Ayotzinapa sigue en superlativo y nada ni nadie parecen poder apaciguarla.
Las ejecuciones aumentan.
Las marchas continúan.
El descontento social al alza.
Así cerramos el año.
Twitter: _martinmoreno
Leído en http://www.excelsior.com.mx/opinion/martin-moreno/2014/12/09/996594
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