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Transparencia Internacional (TI) dio a
conocer ayer su Índice de Percepción de la Corrupción 2014. Las
conclusiones del estudio realizado por esta organización basada en
Berlín, Alemania, no son optimistas.
Para empezar, TI afirma
que el “crecimiento transparente está en riesgo” porque “el secreto
corporativo y el lavado de dinero a escala mundial hacen aún más difícil
el combate a la corrupción en las economías emergentes”.
México es una economía emergente.
TI señala que “Más de dos tercios de los 175 países incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción). Dinamarca se sitúa en la primera posición de 2014, con una puntuación de 92, mientras que Corea del Norte y Somalia comparten el último lugar, con apenas 8 puntos”.
Este año México se ubica en el lugar 103 de la lista con apenas 35 puntos, un punto mas que los 34 que recibió en los índices 2013 y 2012.
Nuestro país resultó peor calificado que otras naciones que tienen fama de ser gobernados por políticos y funcionarios rateros, como son China, Egipto, Zambia, Tailandia, Brasil y otros.
De los países de América Latina y el Caribe, sólo son más corruptos Ecuador (lugar 110), República Dominicana (115), Guatemala (115), Guyana (124), Honduras (126), Nicaragua (133), Paraguay (150), Haití (161) y Venezuela (161).
Envidia deben darnos Chile y Uruguay, que con 73 puntos están en el lugar 21, y Bahamas en la posición 24 con 71 puntos. Son los únicos países del ámbito latinoamericano y caribeño en obtener más de 70 puntos de calificación.
Y más envidia aún deben causarnos los habitantes de Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza, Singapur, Holanda, Canadá y Australia, que ocupan en ese orden los 11 primeros lugares en el índice.
Los resultados que obtiene nuestro país en el Índice 2014 de TI no deben sorprender a nadie. La corrupción de los funcionarios existe en México desde el primer día de su independencia, tal como también existió en la Nueva España.
El problema es que en México nada serio se ha hecho para combatir a los corruptos que aprovechan sus cargos públicos para enriquecerse ilícitamente. Desde diciembre de 1982, cuando Miguel de la Madrid asumió la presidencia de la republica, hasta ahora, todos los jefes del Ejecutivo han prometido que combatirán la corrupción y nada hicieron para cumplir sus promesas. En estos 32 años la corrupción de los funcionarios no disminuyó sino que aumentó y quedó demostrado que priístas, panistas, perredistas y sus respectivos títeres son igualitos, tan corruptos los unos como los otros.
Alejandro Salas, director regional para América de Transparencia Internacional, señala que para generar cambios significativos en los países de nuestra región es necesario, entre otras cosas:
“Poner un alto a la impunidad ante casos de corrupción, dejando de politizar y permitir los sobornos en instituciones policiales y de impartición de justicia. “Abrir al escrutinio público el financiamiento de la política, para que se sepa quién financia y por qué montos a qué candidatos y partidos políticos. Esta medida además ayuda a dificultar la entrada de dinero del crimen organizado en la política e instituciones del estado”.
¿Le harán caso a Salas los que mandan en este país? Lo dudo.
México es una economía emergente.
TI señala que “Más de dos tercios de los 175 países incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción). Dinamarca se sitúa en la primera posición de 2014, con una puntuación de 92, mientras que Corea del Norte y Somalia comparten el último lugar, con apenas 8 puntos”.
Este año México se ubica en el lugar 103 de la lista con apenas 35 puntos, un punto mas que los 34 que recibió en los índices 2013 y 2012.
Nuestro país resultó peor calificado que otras naciones que tienen fama de ser gobernados por políticos y funcionarios rateros, como son China, Egipto, Zambia, Tailandia, Brasil y otros.
De los países de América Latina y el Caribe, sólo son más corruptos Ecuador (lugar 110), República Dominicana (115), Guatemala (115), Guyana (124), Honduras (126), Nicaragua (133), Paraguay (150), Haití (161) y Venezuela (161).
Envidia deben darnos Chile y Uruguay, que con 73 puntos están en el lugar 21, y Bahamas en la posición 24 con 71 puntos. Son los únicos países del ámbito latinoamericano y caribeño en obtener más de 70 puntos de calificación.
Y más envidia aún deben causarnos los habitantes de Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza, Singapur, Holanda, Canadá y Australia, que ocupan en ese orden los 11 primeros lugares en el índice.
Los resultados que obtiene nuestro país en el Índice 2014 de TI no deben sorprender a nadie. La corrupción de los funcionarios existe en México desde el primer día de su independencia, tal como también existió en la Nueva España.
El problema es que en México nada serio se ha hecho para combatir a los corruptos que aprovechan sus cargos públicos para enriquecerse ilícitamente. Desde diciembre de 1982, cuando Miguel de la Madrid asumió la presidencia de la republica, hasta ahora, todos los jefes del Ejecutivo han prometido que combatirán la corrupción y nada hicieron para cumplir sus promesas. En estos 32 años la corrupción de los funcionarios no disminuyó sino que aumentó y quedó demostrado que priístas, panistas, perredistas y sus respectivos títeres son igualitos, tan corruptos los unos como los otros.
Alejandro Salas, director regional para América de Transparencia Internacional, señala que para generar cambios significativos en los países de nuestra región es necesario, entre otras cosas:
“Poner un alto a la impunidad ante casos de corrupción, dejando de politizar y permitir los sobornos en instituciones policiales y de impartición de justicia. “Abrir al escrutinio público el financiamiento de la política, para que se sepa quién financia y por qué montos a qué candidatos y partidos políticos. Esta medida además ayuda a dificultar la entrada de dinero del crimen organizado en la política e instituciones del estado”.
¿Le harán caso a Salas los que mandan en este país? Lo dudo.
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