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La Verdad, incluso y sobre todo, para que el actual presidente de la república, Enrique Peña Nieto, pueda seguir gobernando.
Más que de una Verdad moral, se trata de
una Verdad jurídica y política. Ayotzinapa es la gota que provocó el
derramamiento de la cloaca, y los mexicanos no tenemos por qué ser
infectados con la pestilencia de sus aguas.
Si el exgobernador de Guerrero Ángel
Aguirre Rivero, junto con altos dirigentes del Partido de la Revolución
Democrática, integrantes del Partido Revolucionario Institucional, de
alcaldes, policías y militares tienen algún grado de responsabilidad en
el caso de los normalistas desparecidos, pero sobre todo, vínculos con
el crimen organizado, deben ser castigados.
El tiempo corre a favor de los
desestabilizadores —de la CETEG, los abogados de Ayotzinapa, de la
delincuencia—, y en contra de las instituciones mientras no se diga la
Verdad.
La impunidad, la inexistencia de
responsabilidad penal por parte de Aguirre Rivero y de todos aquéllos
que recibieron y siguen recibiendo dinero del narcotráfico, que
aceptaron y siguen aceptando convertir en candidatos a protegidos por el
crimen, han comenzado a pudrir los cimentos éticos, legales y políticos
del Estado mexicano.
La Verdad, sí, en todas partes y de
parte de todos. Porque tan hablan con medias verdades las autoridades
como hablan con verdades a medias quienes dicen defender a los padres de
familia de los estudiantes desaparecidos.
La agresión contra el cuartel militar de
Iguala, perpetrada por las organizaciones montadas en la tragedia de
Ayotzinapa, tuvo un claro objetivo: la búsqueda de más muertos, de más
víctimas para mantener vivo un movimiento que ya logró convertirse en
una gran industria para la CETEG y otras agrupaciones vinculadas con los
cárteles.
Quienes, por ingenuidad, aceptaron abrir
los cuarteles a los abogados y voceros de los familiares de los
estudiantes acaban de abrir las puertas del infierno.
Y no porque ahí, como aseguraron un par
de físicos, vayan a encontrar los hornos crematorios donde pudieron
haber sido incinerados los jóvenes, sino porque dicha petición está
destinada a escalar.
Cabe destacar que la exigencia de “abrir
los cuarteles” coincide con la orden dada por un tribunal colegiado
para que los familiares de dos guerrilleros del EPR, desparecidos en
2007 en Oaxaca, busquen los restos de Edmundo Reyes y Alberto Cruz, en
los campos militares de la misma Oaxaca, Guerrero y Distrito Federal.
Incluyendo, por supuesto, el Campo Militar Número Uno.
Campos militares a donde los abogados
del EPR no van a hacer turismo sino arqueología forense. La misma
táctica —cosa de ver— que van a seguir los representantes legales del
movimiento Ayotzinapa, a la que no podrá negarse ya el gobierno y que,
en el contexto de una campaña eminentemente deslegitimadora de las
instituciones, habrá todo tipo de hallazgos y versiones.
Como alguien dijo: una vez dentro de los cuarteles, a ver quién los saca.
Señores estrategas del gobierno: 2015 no
va a ser para el PAN, el PRI o el PRD . Si no se toman decisiones para
encarar la Verdad, para castigar a quien o a quienes se tenga que
castigar, los campeones de las elecciones intermedias van a ser los
factores de la desestabilización.
Agazapados como están, extrañamente
callados como están, operando como saben en la clandestinidad, dando
órdenes y asesorando a las agrupaciones radicales que siempre los han
acompañado, no hay día ni minuto ni segundo que no recojan los frutos de
los errores que se cometen.
Ahí está Andrés Manuel López Obrador y
su partido Morena, listo para exigir la liberación de presos políticos.
¿Para qué los quiere? Mientras él y la anarquía tienen proyecto y
objetivo —convertir 2015 en catapulta para 2018—, el régimen duda.
La Verdad, México necesita de la Verdad.
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