¿Qué hubiera sido necesario para que en un año el conflicto en
Michoacán se hubiera, si no solucionado, sí encauzado a una pacificación
duradera? Es la pregunta que hoy nos tenemos que hacer cuando vemos que
nuevamente hay gente armada en los caminos de Michoacán y grupos que
están resolviendo a balazos sus diferencias.
Y no es que Michoacán esté igual, porque no lo está. No hay un grupo
delincuencial dominante que imponga su ley a los presidentes municipales
ni que cobre una cuota fija a productores y comerciantes. Son grupitos
los que tratan de adueñarse de las plazas y de imponer nuevos cobros a
la ciudadanía, pero aún no han logrado afianzar su poder. La Tuta sigue
libre, lo que revela que todavía cuenta con apoyos dentro de algunas
poblaciones, y probablemente con algunas autoridades, pero Los
Caballeros Templarios no son ni la sombra de lo que eran. Y tampoco se
produjo la guerra civil que se temió cuando las autodefensas se
enfrentaron en enero pasado con Los Templarios.
Sin embargo, la situación está lejos de ser lo que se esperaba luego de
un año de intervención federal. La estrategia para Tierra Caliente era
ambiciosa y pretendía ser, según se anunció, mucho más que un operativo
de contención de la violencia. Se buscaba recuperar la gobernabilidad de
la zona e instaurar el Estado de derecho. Volver a Tierra Caliente un
ejemplo de que este gobierno sí podía recuperar zonas donde el Estado
había sido sustituido por grupos del crimen organizado.
Parecía que las condiciones estaban dadas: la intervención se dio luego
de que los grupos de ciudadanos armados que llevaban casi un año
enfrentando a los criminales pedían a gritos la ayuda federal, había de
entrada una voluntad de colaboración con las autoridades federales de
amplios grupos de la ciudadanía. La figura del comisionado fue dotada
legalmente de amplios poderes y se suponía que contaba con el respaldo
completo del presidente Peña Nieto y su gobierno. Entonces, ¿qué falló?
Parece haber dos explicaciones posibles. La primera es la política de
alianzas que siguió Castillo. Necesitado de hombres armados conocedores
de la zona, el comisionado optó por aliarse con los más combatientes de
entre las autodefensas, a los que se señalaba como Templarios
arrepentidos, los que junto con Mireles se dedicaron desde diciembre de
2014 a “liberar” municipios, entre ellos Simón El Americano y sus H3 y
los hermanos Sierra Santana conocidos como Los Viagra. Sus métodos eran
inquietantemente similares a los de delincuentes. Durante meses
recorrieron Tierra Caliente usando uniformes de policía rural en
camionetas con logotipo, pero sin placas y ostentándose como miembros
del grupo especial G250 que ayudaba, supuestamente, a las autoridades en
la búsqueda de La Tuta. Hoy se confirma que parte de estos grupos
participaron en la toma de la alcaldía de Apatzingán y en el posterior
enfrentamiento con la Policía Federal que dejó siete muertos.
La otra explicación, compatible con la primera, es que el dinero
prometido por el gobierno nunca llegó. Cuando Castillo fue a La Ruana y
a Tepalcatepec se sorprendió porque la mayoría de las demandas eran
pendientes muy básicos no resueltos: una computadora en la escuela, la
ayuda para construir una empacadora de limón en una zona productora, la
intermediación de alguna autoridad en conflictos menores, un canal de
riego. Se hicieron las promesas, pero el dinero no bajó (si es que
alguna vez llegó a las arcas del estado). A duras penas les alcanzó para
dotar de un uniforme a la tan presumida Policía Rural cuando se presentó.
Había la posibilidad de iniciar un nuevo contrato social: legitimar el
monopolio de la violencia del Estado gracias a una política que generara
trabajo y bienestar. No se hizo, o no se ha hecho.
Hoy sobran los hombres armados que no tienen trabajo. Llevan años
dedicándose a pelear: con y contra las autoridades, y entre ellos. Son
un auténtico ejército desempleado.
Fuente: http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2015/01/110579.php
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