Treinta y nueve días después de la fuga, las investigaciones no han producido, después del frenesí mediático de la primera semana, nada. Los dos elementos más novedosos los han aportado Reforma y La Jornada. El primero, el miércoles, que el gobierno ya identificó a los probables cómplices de la fuga, quienes compraron el arma que se encontró en el perímetro del penal del Altiplano y dos motocicletas en donde comenzó el túnel. El segundo, el 10 de agosto, donde se informó que la PGR indaga los vínculos de los abogados de El Chapo con los de Rubén Oseguera, El Menchito, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los detalles de los avances de la investigación son una broma. La PGR ha enfocado sus investigaciones en la paja del ojo ajeno . Se busca en el entorno de Guzmán, para encontrar la ecuación de la fuga, como si realmente en los cómplices estuviera su coeficiente. Ninguno de los altos mandos de la Secretaría de Gobernación responsables de los reclusorios y los sistemas de seguridad e inteligencia, han sido llamados a declarar. Inexplicablemente, la procuradora no ha citado al comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y al director del CISEN, Eugenio Imaz, para que acudan al ministerio público federal en calidad de testigos.
Rubido es una pieza clave. Podría aclarar porqué después de que su antecesor Manuel Mondragón, desmanteló sistemáticamente protocolos, métodos y procedimientos de seguridad en los reclusorios, no los corrigió. También explicar por qué no reforzó los accesos al penal que relajó Mondragón y restauró sistemas de contrainteligencia –como el audio en todo el sistema de video vigilancia-, que apagó su antecesor. Importante sería saber las razones por las que perdió tantos amparos presentados por El Chapo Guzmán, que lo lleno de privilegios en la cárcel, o cómo justifica que a todos los criminales de alta peligrosidad, los mantuvieran juntos, en lugar de dispersarlos o enviarlos a diferentes cárceles.
El comisionado tiene mucho que decir para que de sus declaraciones se abran nuevas líneas de investigación que permitan establecer las eventuales responsabilidades políticas por la fuga, o responsabilidades penales. Imaz tiene un papel similar. Preguntas para él serían porqué fallaron los sistemas de inteligencia en el perímetro del penal del Altiplano, y cuáles son las razones por las que la contrainteligencia del CISEN nunca se enteró de los planes de Guzmán. Sus agentes soslayaron la construcción en 90 días de la casa donde se inició el túnel a un kilómetro y medio del penal, y quién de sus subalternos ignoró las dos alertas que la DEA le transmitió sobre los planes de la fuga.
El hecho que ninguno de los dos haya sido llamado a declarar, sugiere que los buscan proteger. La procuradora Gómez los mantiene blindados e inoculados. Si no hay declaración de las máximas figuras responsables de evitar que El Chapo Guzmán se escapara, no podrá iniciarse la línea de investigación que determine si dentro de las más altas esferas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hubo complicidades que ayudaron a la fuga. Todo el esquema de investigación de la PGR está acotado, como si quisieran limitarlo al sistema de reclusorios.
A menos de 48 horas de que se anunció la fuga, el secretario Osorio Chong cesó a Juan Ignacio Hernández Mora, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; a Celina Oseguera, coordinadora General de Centros Federales, y al director del Altiplano, Valentín Cárdenas. Carne para la jauría, porque ni Hernández Mora ni Oseguera tenían autoridad para hacer algo sin la autorización de Rubido. El caso de Cárdenas es peor. Nadie en el penal tenía la responsabilidad absoluta. Un comité técnico integrado por más de una docena de directores y coordinadores, tomaba las decisiones internas que, sin embargo, debían que ser autorizadas por los subalternos de Rubido.
La toma de decisión final de los penales de máxima seguridad no se encontraba en los reclusorios, sino en la Secretaría de Gobernación. Cuando se escapó por primera vez El Chapo Guzmán en 2001, el presidente Vicente Fox cesó al subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón –por responsable político, no culpable-, y se investigó a más de 100 personas, de las cuales 55 fueron sentenciados. Fox demostró que las cosas no podían seguir como si no hubiera pasado nada. Hoy campea la impunidad. Nadie en el gobierno debe sorprenderse que lo señalen como cómplice de El Chapo Guzmán. La pasividad con sus subalternos, que no la tuvo Fox con los suyos, ha puesto varias veces al presidente Peña Nieto en la picota pública en el último año. Lo extraordinario es que pese a que ya sabe cuál es el camino al Infierno político, insiste una vez más en caminarlo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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