La crisis política se entiende a partir del hecho que la fuga exhibió el desastre de diseño institucional que escogieron, y la frivolidad con la que actuaron en su construcción. En la génesis de esta crisis se encuentra Manuel Mondragón, reclutado como comisionado Nacional de Seguridad mediante una encuesta de popularidad –no un análisis de capacidades-, y a quien su jefe, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le permitió durante casi dos años la destrucción del aparato de seguridad. Mondragón es uno de los responsables políticos de la fuga, pero no se manejaba solo. Todo lo que hizo, necesitó aprobación superior.
Por ejemplo, la contratación de Celina Oseguera para coordinar los Centros Federales de Readaptación Social, que fue destituida tras la fuga de Guzmán. Oseguera trabajó con Mondragón en el gobierno de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal, y fue señalada como responsable de una red de prostitución en los penales de la ciudad de México, corrupción y abusos de autoridad. Oseguera fue quien permitió que Sandra Ávila, la Reina del Pacífico, recibiera tratamientos estéticos en la cárcel, y durante la administración pasada, pidió formalmente –sin éxito- a la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal, la liberación de varios narcotraficantes.
Oseguera no pasó desapercibida cuando fue reclutada por Mondragón. El comisionado del órgano que manejaba los penales federales –también destituido tras la evasión-, Juan Ignacio Hernández, protestó por la contratación, pero no le hicieron caso en Gobernación. El CISEN, que debió alertar a Osorio Chong sobre Oseguera, no hizo nada. Una llamada de atención abierta se dio cuando en menos de media hora le dio la salida de la cárcel a Rafael Caro Quintero, el ex jefe del Cártel de Guadalajara, a mediados de 2013, sin darle tiempo a la PGR para que interpusiera un recurso que impidiera su liberación. Tampoco pasó nada.
Durante el gobierno peñista, los sistemas se fueron relajando. Mondragón pidió, por ejemplo, que se redujeran las revisiones físicas a los visitantes en El Altiplano, argumentando que violaba los derechos humanos. Flexibilizó también las aproximaciones al penal, que dejaron de ser retenes inhibitorios para convertirse en entradas como en un reclusorio normal. Como desmanteló parte de los sistemas de Plataforma México, la detección en tiempo real de identificaciones falsas en los visitantes al penal no funcionaba, como pasó con una legisladora del PAN que semanas antes de la fuga, lo visitó en la prisión. Se eliminó el monitoreo espejo desde la ciudad de México y se canceló el audio de las imágenes. La Policía Federal, que escuchaba todo lo que sucedía dentro de los penales con fines de contrainteligencia, dejó de oír, y el CISEN, que escuchaba dentro y fuera de las cárceles, también dejó de hacerlo. La privacidad de los reos de máxima peligrosidad, era el argumento, era primero.
Al salir Mondragón, las cosas no cambiaron. Varios de los líderes del narcotráfico siguieron juntos en el mismo pabellón, lo cual violenta toda lógica y procedimiento de seguridad. El Chapo Guzmán fue ganando mediante amparos –que antes se rechazaban en forma automática- el acceso irrestricto de sus abogados al penal, que tuviera una televisión, el pelo largo y hasta un canario en la celda, sin que en Gobernación lo frenaran. Se le dejó en la misma celda pese a que Mondragón, antes de irse, reveló a la prensa en cuál estaba, en violación a un secreto de Estado. A CONAGUA se le permitió hacer obras a un costado, que también viola protocolos de seguridad, y se desconectaron los sensores subterráneos –que vigilaban en una profundidad de 20 metros-, que al concluir se le olvidó a alguien reconectar.
En política, tantas coincidencias no son coincidencias. Pero hay que insistir que por el golpe al presidente y la crisis en la que lo metió, elimina la posibilidad que sea una fuga pactada. Culpable el presidente y su equipo, no; responsable sí, por construir el diseño institucional fallido que propició la fuga.
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