Ávila, fue subdirector de Mantenimiento y Logística de Pemex hasta el primer día del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuando fue cesado por Emilio Lozoya, el nuevo director de la empresa, porque toda la información recabada durante el periodo de transición entre gobierno, lo señalaba como uno de los funcionarios alrededor del cual se habían tejido amplios circuitos de corrupción. Las negociaciones con el PAN para la Reforma Energética obligaron a Pemex y a la PGR a enfocar el fraude de Oceanografía al año 2013, y no tocar lo que había sucedido antes. El PAN había querido evitar que se manchara a Calderón, Mouriño y otros panistas con corrupción, y buscaron comprar impunidad. Ese periodo de gracia se acabó.
Ávila, en el comienzo del proceso judicial en su contra, fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ejercer cualquier cargo público durante 10 años, como resultado de las investigaciones de la Unidad de Responsabilidades de Pemex que demostró un conflicto de interés al haber utilizado con fines particulares de él y su familia, aviones de Oceanografía para viajes al extranjero, durante el mismo periodo en que firmó 12 contratos para esa empresa por 231 millones de dólares y mil 500 millones de pesos. De acuerdo con la investigación de Pemex, Ávila realizó los viajes en días laborales, particularmente a Estados Unidos, sin haber solicitado permiso para ausentarse de su trabajo. El ex funcionario presentó incluso en una ocasión, comprobantes de viaje de una supuesta comisión de trabajo, durante una de sus escapadas a Houston.
La investigación sobre Ávila forma parte de un expediente voluminoso aún trabajándose, en donde figuran un número no revelado de funcionarios del gobierno de Calderón, por presuntamente haber beneficiado a Oceanografía con contratos por más de 8 mil millones de pesos entre 2010 y 2012. Las investigaciones se han focalizado en Ciudad del Carmen, Campeche, donde está el cuartel general de Oceanografía y se encuentra la Subdirección de Mantenimiento y Logística de Pemex Exploración y Producción, que por las características de sus funciones, es la que más recursos maneja en toda la empresa.
Ávila estuvo a cargo de esa Subdirección desde febrero de 2010, cuando le fue impuesto al entonces director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, directamente por Calderón, que no ha respondido peticiones para hablar sobre esta caso desde hace meses que le fueron hechas. Ávila era un administrador de empresas y distribuidor de automóviles en Campeche, cercano a la familia Mouriño. Juan Camilo, quien ascendió en la escalera del poder hasta ser la persona más influyente en el gobierno, lo metió a la administración pública y logró que la entonces secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, lo nombrara delegado en Campeche.
Cuando Mouriño murió en un accidente de aviación en noviembre de 2008, su familia lo siguió protegiendo. En 2009, el jefe de la familia, Carlos Mouriño, que tiene amplios negocios de gasolineras y transporte de hidrocarburos, le pidió a Calderón que lo nombrara subdirector de Mantenimiento y Logística, a lo que accedió. Los grandes tesoros de Pemex quedaban en manos de un incondicional de los Mouriño, con el aval del presidente. El conflicto de interés no fue relevante. La incapacidad técnica de Ávila, menos aún. El manejo patrimonialista con el que se manejan algunos asuntos de Estado en México, siempre ha sido superior a cualquier acotamiento legal o legítimo. Todas las alertas dentro de Pemex sobre lo que estaba haciendo Ávila, fueron soslayadas. Su paso por la Subdirección apestaba internamente. Por eso Lozoya tenía tanta información sobre de él antes aún de llegar a la dirección de Pemex.
La acción de la Secretaría de la Función Pública está fundamentada sobre las primeras conclusiones de la investigación de Pemex, y establece un conflicto de interés que, aunque acotado, fue considerado suficientemente grave para determinar la inhabilitación por 10 años, que es el máximo plazo con el que se castiga a un funcionario público. Este caso no está acabado. La investigación en su contra atañe a 21 contratos asignados a Oceanografía entre julio de 2010 y junio de 2012. Desde que salió de Pemex, Ávila vive en Houston. La inhabilitación lo afecta moral y políticamente, pero no está en riesgo de ir a la cárcel. Ello dependerá que en Los Pinos autoricen a las autoridades seguir adelante con esta investigación sin importar a dónde llegue, y castiguen la impunidad, algo en lo que no se caracteriza este gobierno.
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