Savador García Soto - Carta blanca a la impunidad

La gravedad del resultado de la investigación de Virgilio Andrade no radica en haber exonerado al presidente Enrique Peña Nieto, a su esposa Angélica Rivera y al secretario Luis Videgaray. Eso se supo hace seis meses, cuando se pidió investigar a un incondicional del presidente y amigo del secretario de Hacienda. Lo más grave del fallo del secretario de la Función Pública —uno de los encargados de fiscalizar al gobierno y castigar la corrupción— es que sienta un precedente a futuro: a partir de la detallada argumentación jurídica usada para exonerar al presidente, cualquier funcionario público que sea acusado de recibir “apoyos” de cualquier tipo de un proveedor o contratista del gobierno, podría invocar las tesis legales de Andrade para negar un beneficio ilegal o un conflicto de interés, bajo la premisa básica de que si el jefe del Ejecutivo y sus allegados no fueron sancionados por esas conductas, no puede sancionarse a cualquier otro funcionario federal.








En eso radica el daño de haber convertido al contralor federal en “abogado defensor” del presidente y demás indiciados: que con su detallada defensa y sustentación jurídica para limpiar de toda mácula o violación al presidente, el abogado Andrade les dio herramientas, argumentos y justificaciones jurídicas de sobra al resto de los funcionarios y representantes públicos en este país para beneficiarse de cualquier tipo de relación, apoyo o concesión que les pueda otorgar un proveedor o contratista gubernamental, siempre y cuando lo hagan “antes de asumir el cargo” o digan que su esposa fue una exitosa profesional que adquirió los bienes con sus “propios recursos producto de su trabajo”.

En términos lisos y llanos, lo que hizo el secretario de la Función Pública fue extender una “carta blanca” a la corrupción y el conflicto de interés, siempre y cuando se tenga el cuidado de argumentar impecablemente —si se quiere incluso con citas y enunciados del propio Virgilio Andrade— que las conductas que a ojos muchos mexicanos resultaron indebidas e indignantes, no son finalmente ni ilegales ni punibles porque “según las leyes mexicanas” (Virgilio dixit) no es indebido que un empresario que recibe contratos del gobierno, demuestre su amistad, apoyo o agradecimiento a un servidor público, facilitándole casas y mansiones de millones de dólares en cómodos planes de pago, con tasas de interés muy por debajo del mercado y con créditos no bancarios que son liquidados de manera extrañamente rápida “con ahorros” y “dinero producto del trabajo”.

Un beneficio que recibe la inmensa mayoría de mexicanos que, para hacerse de una vivienda media o de interés social, tiene que pagar intereses bancarios, contratar un crédito a 15 o 20 años con un banco o una institución financiera y jamás podrán liquidarla en unos meses a base de ahorros o con el producto de su arduo trabajo. Así que preparémonos para la “corrupción legal” en lo que resta del sexenio y no nos llamemos a sorpresa en el futuro si las “tesis Andrade” son invocadas para defender actos dudosos o beneficios obtenidos por funcionarios y servidores públicos por parte de empresas o empresarios que tengan relación con el gobierno. Con el debido cuidado y un abogado defensor tan bueno como Virgilio no habrá conflicto de interés o acto de corrupción que no parezca inmaculado e inofensivo “según las leyes mexicanas”.

sgarciasoto@hotmail.com

Columna tomada de El Universal



Leído en http://letraroja.com.mx/carta-blanca-a-la-corrupcion/