En un año, un crimen local se convirtió en un crimen de Estado y escándalo mundial. El argumento del exprocurador Jesús Murillo Karam de que lo sucedido la noche del 26 de septiembre era una “depuración entre cárteles”, y el diagnóstico de su exjefe de Oficina, Aurelio Nuño, que sólo era competencia del municipio de Iguala, y en última instancia del Gobierno de Guerrero, llevó al Presidente a la toma de decisión más costosa en lo que va del sexenio. El análisis de Nuño en diciembre de que el movimiento de los padres perdería toda su fuerza en 2015 y se desvanecería como conflicto, volvió a estar equivocado.
Este jueves, el Presidente revivió los análisis superficiales de sus consejeros. No se desvaneció el crimen, pero creció la acusación de su incompetencia. El año pasado Nuño propuso llevar a los padres de los normalistas a Los Pinos, que llegaron con sus abogados y dos jefes del EPR. Prácticamente secuestraron seis horas al Presidente y lo obligaron a firmar un acuerdo-compromiso de 10 puntos que incluyó la cancelación de la posibilidad de que la PGR utilizara la hipótesis del tráfico de heroína en la zona de Iguala como posible móvil del crimen –como se publicó en este espacio el 19 de noviembre pasado– y selló la averiguación previa para evitar informaciones que abonaran a esa posibilidad.
La PGR no pudo desarrollar su principal línea de investigación, que frustró al Gobierno. En diferentes reuniones de Murillo Karam y el excomisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, donde discutieron con los padres de los normalistas y sus abogados se habló sobre las acciones de algunos de los estudiantes, aunque nunca se reflejó en la averiguación. Todavía en diciembre, Rubido perdió la paciencia y les dijo: “Sus hijos no eran unas blancas palomas”. La omisión de la PGR, que en sí es un delito federal, provocó que cuando el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sugirió al narcotráfico como posible móvil del crimen, nadie de quienes en su momento criticaron al Gobierno de querer criminalizar a los normalistas, refutó. El Gobierno volvió a pagar políticamente su laxitud legal.
La omisión de esta hipótesis es la fotografía de la investigación federal, donde el camino jurídico se contaminó por los acuerdos suscritos por el Presidente. No pudo aplicarse la ley en sus términos, porque la política la condicionó y la alteró. La corrección política y el paternalismo –el no lastimar más a los padres– desnudó la debilidad institucional en la aplicación del estado de derecho, que permeó en la opinión pública internacional. El costo se lo llevó el Presidente y el daño se profundizó en los padres de los normalistas desaparecidos, a quienes querían proteger. Ambas partes han sido quienes más han pagado por todo lo que se movió alrededor de ellos. Los menos culpables, los padres, quienes exigen que sus hijos aparezcan vivos. Sin culpabilidad, pero con responsabilidad política, ética e histórica, el Presidente.
El crimen de los normalistas de Ayotzinapa nunca fue un incidente circunscrito exclusivamente al ámbito judicial. Al ser los normalistas los sujetos del ataque, en automático se convirtió en un problema político. Murillo Karam los identificó mecánicamente como delincuentes y Nuño no vio la dimensión por el hecho que los desaparecidos fueran estudiantes y no narcotraficantes. Ayotzinapa no era sinónimo de Los Zetas y el cártel del Golfo, que realizan crímenes similares, sino la casa de un colectivo con historia de represión y hostigamiento gubernamental. El descuido analítico no fue menor y Peña Nieto fue víctima de la novatez en los asuntos de Estado.
¿Qué puede hacer ahora? Una es administrar el daño en él y su Gobierno, que por continuar profundizándose, no es una opción. Otra, que es el consejo eterno que le dan en Los Pinos, que ocupe los espacios en televisión y prensa en un esfuerzo propagandístico sistemático y permanente para que la masa piense en otros temas. Lo mismo dijeron el año pasado y la aprobación presidencial se fue a pique. Tampoco es opción. Los nuevos peritajes resolverán científicamente las controversias actuales, pero no el caso. Una nueva unidad de investigación que remplace a la Agencia de Investigación Criminal y a la SEIDO, revigorizará a la PGR, pero efímeramente: la incredulidad y la agenda de los actores interesados terminarán por imponerse.
El Presidente debe tener claro que no va a ganar esta batalla que se libra mayormente en el campo de las ideas, pero puede dejar el precedente que sí actuó, tarde, pero en consecuencia. Hubo en su Gobierno y en el de Guerrero responsables políticos, que como tales deben de caer. Proceder judicialmente en su contra sería una buena señal.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx /twitter: @rivapa
Leído en http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/ayotzinapa-confianza-irrecuperable-1443167206
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