Felipe Arizmendi López, con cincuenta y siete años a cuestas, torturó y mutiló a ciento ochenta personas -cortando orejas, no de toros sino de seres humanos incluyendo a un ganadero de reses de lidia, Fernando de la Mora, homónimo del gran tenor mexicano-, manteniendo feudos y privilegios en el penal de “Puente Grande”, en Jalisco, célebre por cuanto allí se dio la primera fuga de “El Chapo” apenas unas semanas después de la asunción presidencial de Vicente Fox; y no alcanzó, por lo visto, en algunos de los cestos de ropa sucia destinados a la lavandería de la prisión de “alta seguridad” en donde aún permanece.
(Por supuesto no hay perros que lo amanecen y olfateen cada día, todos los días, como sucede con el otrora capo de capos Joaquín Guzmán Loera; un símil de Guantánamo).
Hace unos días, en un encuentro fortuito, tuve la ocasión de conversar con Max Morales Martínez, experto en prevención y asesoría para casos de secuestros y uno de quienes mejor conocen el caso “Arizmendi”, mismo que mantiene sobre el escritorio y revisa cotidianamente, y me confió que una de sus grandes preocupaciones es el hecho de que, en el setenta por ciento de las privaciones ilegales de la libertad, enfocadas a los sectores más adinerados como la colonia española, participan policías de distintos rangos o gendarmes pensionados y cuya carrera se trazó sobre las sendas de los horrores.
“Esto es muy preocupante porque plantea que quienes están obligados a proteger a la sociedad –me dijo-, son los más correosos y peligrosos para la misma”.
Le faltó agregar que, igualmente, suele aparecer en las bandas más radicales y crueles un buen número de soldados, quienes se alejan de su función primaria cuando son contactados o miden que sus beneficios institucionales son de poca monta si consideramos cuanto obtienen a través de sus acciones criminales, entre ellas los secuestros que, como las violaciones sexuales, no son denunciados en su mayoría para evitar la contaminación policiaca y las consiguientes advertencias a los familiares de las víctimas.
Muchas veces no existe otra salida salvo el silencio ominoso.
Pero esto no es lo peor sin, otra vez, la línea del dinero. ¿Qué sucede con el dinero pagado a los secuestradores cuando estos, como sucedió con Arizmendi y otras peligrosas bandas en apariencia “desmanteladas”, son asegurados y presos recuperándose los botines infames? Morales Martínez es preciso en este tema coyuntural:
--Como especialista en el tema y con la experiencia que me da haber atendido a setenta rehenes de las peores bandas, puedo decir que solo en cuatro ocasiones logré recuperar el setenta por ciento de lo pagado por mis defendidos; los centavos fueron quedándose en manos de los agentes federales... hasta llegar a los Ministros de la Corte a quienes, al parecer, no les bastan sus sueldos de lujo.
Bien se sabe que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, en funciones como tal desde enero de 2015, y los demás altos togados que le acompañan, ganan más que el Presidente de la República, aproximadamente unos 600 mil pesos mensuales, un salario desproporcionado y ofensivo para la mayor parte de la población productiva que realiza esfuerzos muy superiores a los colegiados quienes, casi siempre, cobran por mantenerse entre las cuatro puertas del aislamiento bajo el supuesto de que estudian para preservar el estado de derecho si bien están listos, cada uno en sus circunstancias, a pregonar y canalizar las iniciativas provenientes de Los Pinos y las consignas respectivas de las autoridades judiciales.
No conocemos casos fehacientes de enfrentamientos entre los abogados del Ejecutivo federal y los adinerados miembros del más alto órgano de justicia; como si México fuese un paraíso de estabilidad cuando es, por supuesto, todo lo contrario.
“Lamentablemente, enfrentarse a doctores en Derecho para solicitar los reembolsos que pasan por sus manos sin remedio, es como pretender hacer hablar a un mudo” –resume el experto en secuestros-. Jamás devuelven nada; insisto es como pelearse con el sistema entero”.
De hecho, no son pocos los casos en los cuales los ministros arrojan un alud cuando reciben una pedrada de la crítica, por demás justificada, y revuelven sus interpretaciones legales a punto tal que quien los acusa resulta una pieza de cacería lista para el sacrificio de la caza por parte de las fieras en la materia.
Ganarle, en juicio, a un ministro es casi como sacarse el tigre en la lotería; nunca cesará la persecución ni terminará el proceso hasta que la infeliz parte acusada se quede sin fondos... y sin abogados dispuestos a correr los riesgos de enfrentar a los doctores en Derecho con poder ilimitado.
Lo mismo sucede con las cuentas incautadas y las inversiones mobiliarias –residencias y latifundios-, e inmobiliarias –sobre todo automóviles de lujo-, de los grandes “capos” cuyos montos apenas se filtran pero jamás se devuelven, en este caso al erario público, porque son decenas los cómplices y algunos de elevado rango aunque ninguno tan sólido como un ministro de la Corte salvo cuando las aguas llegan hasta Los Pinos para regar los terrenos imperiales arrebatados al Bosque de Chapultepec, patrimonio de todos los mexicanos –dicen-.
Solo que para entrar en la residencia se requiere ser un esbirro presidencial o alguno de los personajes especiales –damas y caballeros-, invitados a penetrar por la ya emblemática Puerta Cuatro por donde arriban quienes no pueden ser vistos para no comprometer a los perentorios ocupantes de la casona.
Lo hemos revelado desde hace años y nadie mueve un dedo. Les importa poco el señalamiento si bien conduce a sus precarios y abyectos panegiristas, los del régimen peñista por el momento, a esmerarse en descalificar cada punto crítico con una ligereza que solo tiene como cúspides el cinismo y la desvergüenza.
Pese a ello hay fantoches dispuestos a descalificar a cuantos se atreven a denunciar estos hechos e incluso dan la cara a las puertas de Los Pinos.
Cuando lo hicimos, el 14 de octubre pasado, no faltaron los pobres diablos dispuestos a convertir un acto civil, valiente, en una parodia con tal de ganarse unos míseros pesos y sin importar el daño que causaban a una sociedad ahíta de prepotencia y cansada de intolerancias remuneradas con extensa “generosidad” cómplice.
Como soy un ser humano no tengo rubor alguno al subrayar cómo molestan, lo mismo que el revoleteo de una mosca sobre el teclado, los infundios y las estupideces. Bichos al fin.
De allí la importancia del viejo caso de Arizmendi, que aún no termina aunque la captura del siniestro sujeto –muy “caballeroso” al negociar según Max Morales-, se produjo hace diecisiete años, en agosto de 1998, faltándole por cumplir treinta y dos años más en la cárcel. 2048 es una lejanísima posibilidad; y, en todo caso, nunca tendrá acceso a los cuarenta millones de dólares que reunió durante su primera etapa de facineroso, en la ciudad de México, al amparo del salinismo y el zedillismo amorales.
Sólo falta que alguno de estos ex presidentes –sobre todo el primero porque bajo la férula del segundo Arizmendi fue aprehendido-, procedan a dejarle el camino libre... como a “EL Chapo”. Cada mandatario y ex presidente tiene su propia historia, su currículo criminal diríamos. La derecha, desde 2000 hasta 2012, por ejemplo, cubrió sus espaldas intentando negociar con Guzmán Loera una suerte de “paz pactada” hasta que el “capo” percibió un tufo de engaño en las condiciones impuestas por calderón.
Y quien pagó las consecuencias fue el entonces joven secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, cuyo avión fue derribado en noviembre de 2008 con la Procuraduría General de la República fuera de la escena por “orden” del entonces secretario de Comunicaciones, Luis Téllez Kuenzler, quien ya pasó por la Bolsa Mexicana de Valores y ahora integra el grupo de consejeros de PEMEX al que han llevado a la debacle.
México –alegan- es así. Hagamos lo posible porque cese esta sentencia conformista.
Estoy dispuesto a hacer mi parte.
¿Y tú?
E-Mail: loretdemola.rafael@yahoo.com
Leído en http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/el-ciclo-del-delito-1453705933
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