Ignorar la realidad, simular la ejecución de reformas que son inviables de origen, es la estrategia conservadora que mantiene al país al filo del abismo. El mejor ejemplo de los riesgos de tan suicida estrategia es el estado de Veracruz. En días recientes, una sucesión de hechos violentos y escándalos financieros han vuelto a poner a este territorio en la prensa nacional e internacional. El 11 de enero pasado, la policía estatal secuestró a cinco jóvenes en la ciudad de Tierra Blanca y los entregó al grupo hegemónico local de la delincuencia organizada (delito de desaparición forzada).
El terrible caso, que alcanzó notoriedad inmediata gracias al activismo de los padres de los muchachos, al precedente de Ayotzinapa y a la atención de los medios nacionales, ha servido para que muchos otros casos similares fueran recordados y denunciados. Las principales asociaciones de familiares de desaparecidos, que en conjunto tramitan casi doscientos casos, señalan que en su inmensa mayoría los responsables son policías o militares. Según un registro oficial, hay 950 desaparecidos en la entidad, de los cuales 699 son jóvenes entre 15 y 29 años.
El pasado 8 de febrero, Anabel Flores, una periodista free lance que trabajaba para medios de las ciudades de Orizaba y Córdoba, en el centro de Veracruz, fue secuestrada en su propia casa por “gente con uniformes militares”, y su cuerpo fue hallado al día siguiente, con huellas de tortura, a orillas de una carretera a unos 100 kilómetros de su región. Con ella suman 17 periodistas asesinados en Veracruz en los 5 años de gobierno de Javier Duarte. Veracruz es el estado más peligroso para los periodistas en el país más peligroso para ellos.
Estas tragedias acontecen a pesar de que el gobierno de Veracruz ha adoptado una legislación avanzada en materia criminal y creado instituciones para la protección de periodistas y de víctimas. Ha elevado a nivel constitucional la autonomía de la fiscalía y presume de contar con una policía “acreditada”. Sin embargo, según los “Índices de impunidad 2015”, uno global y otro para México, desarrollados por la Universidad de Las Américas, México es el penúltimo país en el índice, y Veracruz uno de los estados más impunes del país, lo que lo coloca en niveles sólo comparables con países africanos en materia de justicia.
Las reformas legales e institucionales de los últimos años, en las cuales numerosos actores de la sociedad civil han puesto gran empeño, han sido solamente una gigantesca simulación. Ninguna reforma va a funcionar mientras no se rompa la alianza criminal entre políticos locales, fuerzas del “orden” y organizaciones delincuenciales.
La naturaleza ultimadamente política de la crisis de seguridad en Veracruz se entiende mejor al analizarla en conjunto con la crisis fiscal del gobierno. No hay grupo social, empresa, municipio o institución pública a la que el gobierno del estado no le deba algo. El gobierno ha usado los fondos públicos con absoluta discrecionalidad, sin planeación ni estrategia alguna, con criminal ineficiencia, propiciando una corrupción generalizada, sin que el gobierno federal exija cuentas y con la anuencia de un poder legislativo local totalmente controlado. Protestas de todo tipo se producen a diario a lo largo de la entidad debido a la falta de pago de salarios, prestaciones, contratos y proyectos.
El régimen autoritario local ha anulado la división de poderes y la autonomía de las instituciones. Es una especie de cleptocracia incompetente que está destruyendo al estado. En ausencia de instituciones operativas, de controles mínimos y de medios libres, prosperan la corrupción y el crimen. Ojalá que hayamos tocado fondo.
Alberto J. Olvera es Profesor-Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.
Leído en http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/11/mexico/1455210392_005110.html
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