La impunidad es una gangrena en el organismo social mexicano. Quien la hace aquí casi nunca la paga. Éste es un fenómeno que si no se ataca frontalmente y se elevan los costos, pudre todo. La impunidad alimenta la corrupción, estimula la violencia que lacera la vida cotidiana y productiva, que impactan en el progreso económico la competitividad que, a su vez, coloca anclas al desarrollo. Son círculos viciosos de los cuales la sociedad mexicana no puede escapar porque, objetivamente hablando, no hay señales de que quiera escapar. La impunidad corre por todos los sectores sociales, económicos y políticos, y esta descripción no es dramática ni exagerada, como lo demuestra el Índice Global de Impunidad México 2016, dado a conocer este miércoles, elaborado por la Universidad de Las Américas y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia en Puebla.
Al hablar sobre el alcance generalizado de la impunidad, el documento afirma: “La presencia de este fenómeno patológico se ha extendido a tal grado en nuestra vida pública, que llega a asumirse como un hecho natural o inevitable; incluso podemos afirmar que se ha internalizado como parte de la cotidianidad mexicana. En esta lógica, la existencia generalizada de impunidad crea incentivos perversos en el sistema y, por lo regular, el delito cometido, por pequeño o grande que sea, queda sin denuncia, investigación o castigo. Violar la ley es un acto socialmente aceptado”.
La descripción permite argumentar que México es un país podrido, y el Índice pareciera reflejarlo con consistencia: 92.8% de los delitos cometidos –de 2013 a la fecha– no se denuncian, porque los mexicanos tienen una enorme desconfianza con la autoridad y están convencidos además de que no sirve para nada, sólo pierden el tiempo. Claramente se exhibe el problema estructural. Si no denuncian es por una creencia apoyada en hechos concretos, que el sistema de seguridad, justicia y derechos humanos no funciona, y por tanto, si hay una violación sistémica de la ley, lo mejor que pueden hacer en esta especie de Ley de la Selva, es violar también la ley. Implícitamente se colocan en el mismo espacio y condición que los delincuentes: violar la ley para sobrevivir en un entorno criminal, que los convierte, por las “buenas razones”, en criminales.
El Índice Global de Impunidad revisó a 59 países –de casi 200 en el mundo-, que son los que aportan la información para poder hacer las mediciones cuantitativas. De ese grupo, México está en el lugar 58, superado únicamente por Filipinas. Esto se debe a que la impunidad, entendida como delito sin castigo, de acuerdo con este documento de 178 páginas abundantes en estadísticas y análisis comparativos, llega al 99 por ciento. Visto de otra forma, sólo el 1% de los delitos es castigado. Con estos datos, ¿cómo no van a faltar incentivos para que la sociedad camine dentro del marco de la ley y no, para evitar ser aplastada, viole también la ley?
El estudio, coordinado por los profesores e investigadores Juan Antonio Le Clercq y Gerardo Rodríguez, no encontró ninguna entidad federativa en México que esté combatiendo la impunidad. Hay 26 entidades donde la varianza entre una y otra es menor de cinco puntos, lo que prácticamente las ubica en el mismo nivel de deficiencia en ese campo. Sin embargo, la entidad mejor evaluada, que es Campeche, se encuentra a la mitad del camino que Croacia, la nación mejor evaluada. En el documento se establecen múltiples factores que conducen a la impunidad, que parten en muchos casos de las acciones del ejecutivo, como lo demostraron con un análisis de los siete estados que desde 2007 fueron parte del abanico del Gobierno federal para combatir la delincuencia organizada (Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango), donde el fenómeno se da en niveles medios y altos, pero no menores a los que existían
Nota: En la columna La Frustración de Francisco se apuntó incorrectamente que el obispo Samuel Ruiz era dominico. Fue diocesano.
Leído en http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/impunidad-maldita-1454661000
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