Fue el primero de dos documentos que emitieron en 2013, donde la conclusión cuando terminaba el primer año del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, era que “la sociedad (estaba) a tal grado contaminada por la corrupción… que cualquier esfuerzo de querer mejorar las cosas, está condenado al fracaso”. El diagnóstico de la realidad michoacana, era la radiografía de un país que, desde entonces, su sociedad ha vivido una exacerbación creciente. Francisco habló de los males en esta gira, pero si la reconciliación ese año era una urgencia, hoy es una utopía.
Las palabras del Papa serán estériles. La reconciliación nacional no es algo que esté en la idiosincrasia del gobierno peñista. Ni siquiera se puede decir que es por su distanciamiento de lo que sucede en las calles mexicanas, sino porque parece que el Presidente se niega a actuar en consecuencia. Tomemos el mensaje de los obispos michoacanos: “No nos extraña el surgimiento de las llamadas policías comunitarias, signo y consecuencia del hartazgo de la población ante el crecimiento de los problemas arriba señalados, con lo cual se ha aumentado la confusión para los habitantes de las comunidades, que se ven rodeados de grupos armados de distinta procedencia, muchos de los cuales se autonombran defensores de los intereses de la gente y hasta pretenden actuar en nombre de Dios”.
¿Cuál fue la respuesta del Gobierno? Convirtió esas policías en grupos paramilitares integrados con criminales y la volvió una política de Estado. Bajó la violencia en Michoacán y reactivó la actividad económica, pero no se solucionó el problema de fondo. En su segundo mensaje ese año expresaron su frustración: “Es generalizada la percepción de que falta eficacia en las autoridades federales, estatales y municipales para garantizar la seguridad, el orden, el derecho al libre tránsito”. ¿Qué sucedió? La política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, origen de su crítica, se convirtió en una política de tolerancia en el primer año de gobierno peñista.
Recordemos: el primer comisionado de Seguridad, dejó de perseguir a criminales, y con ello los fortaleció; el primer procurador no quiso actuar contra gobiernos locales criminales que trajo, entre otras consecuencias, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. El Presidente protegió el desgobierno en Guerrero, que encabezada su amigo, y ha protegido al Gobernador de Veracruz, que inyectó dinero en su campaña. Este Gobierno ha sido tolerante con la corrupción, queja eterna de los empresarios ante lo cínicamente atascado por como se comportan en el Gobierno Federal, y soberbio en ignorar sus conflictos de interés.
¿Cómo puede Francisco aspirar a la reconciliación nacional cuando desde el propio Gobierno al que fue dirigido su mensaje, la política ha sido rupturista? Las palabras del Papa están inspiradas en los reclamos michoacanos, que pidieron en 2013 al Gobierno que instaurara “un orden de justicia y equidad” con toda la determinación y todos los medios posibles. Ese clamor no tuvo respuesta. Al contrario. Un año después se confirmó cómo los grupos paramilitares que abrazó el Gobierno terminaron de limpiar a sus enemigos, y cómo, ajenos del pudor, se mantuvo la predilección y los privilegios a los cercanos del poder.
La definición de lo que pensaba Peña Nieto y su equipo interno la dio el entonces jefe de Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, en una entrevista con el diario madrileño El País: “No vamos a sustituir las reformas por actos teatrales con gran impacto, no nos interesa crear ciclos mediáticos de éxito de 72 horas. Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas. No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”. Pero aquellas denuncias eran mucho más que gritos desaforados. Colocaban los acentos en la mala ortografía del palacio.
Las conducción peñista no sacó al Gobierno de la crisis. La agudizó. La desaprobación del Presidente en todas las encuestas públicas es mayor que la aprobación por un diferencia de dos dígitos. En los estudios que tienen en Los Pinos, los datos son peores: casi ocho de cada 10 mexicanos, desaprueban su gestión. Desde 2013, la aprobación de Peña Nieto va en picada, mientras que el malestar social sube: ocho de cada 10 mexicanos, según los estudios que miden el humor social, están enojados con el Gobierno. No hay palabras santas capaces de revertir esta tendencia. No faltan los buenos deseos ni las intenciones, pero el mensaje de Francisco choca con un Gobierno incapaz de aceptar que sus formas, modos, políticas, discursos y actuaciones han sido equivocadas, sin que se vislumbre que en los casi tres años que restan del sexenio, pueden modificarse.
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