Mientras, el defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero --pirateado por el PRD al PRI-- enfrenta señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación por extraviar casi 70 millones de pesos que debían destinarse a seguridad pública, entre otras partidas presupuestales también perdidas.
El asunto es demasiado serio: el monto es lo de menos; el significado es lo importante: como gobernador perredista de Guerrero, Aguirre Rivero desvió dinero de seguridad para otras cosas que tampoco se conocen, pero en medio de una durísima crisis de seguridad que existía en el estado en el 2011 en que tomó posesión.
El dinero que debía de usarse para profesionalizar las policías y el sistema de impartición de justicia desapareció sin dejar rastro y con ello propició que las policías municipales cayeran en las garras de la corrupción de los cárteles criminales. Y el tema se complica cuando se sabe que las policías municipales de Iguala y Cocula fueron las directamente responsables del arresto, traslado, entrega de 43 normalistas al grupo criminal Guerreros Unidos y su posterior incineración.
La salida del gobierno antes de terminar su periodo fue la señal de la corresponsabilidad criminal de Aguirre Rivero y obviamente del PRD con la crisis de seguridad en el estado y sobre todo con el asesinato de 43 estudiantes. El caso Ayotzinapa-Iguala-Cocula ha sido considerado como el Tlatelolco del PRD.
Por ello el PRD tiene un desafío político con la sociedad si sigue solapando las irregularidades de Aguirre Rivero y de los funcionarios municipales involucrados en la violencia criminal en Guerrero. La actual dirigencia del PRD, que ascendió ante la renuncia de la de Carlos Navarrete por incapacidad en el manejo de la crisis de Guerrero, pero también con indicios de que no quiso ser cómplice de Aguirre Rivero y del alcalde igualteco José Luis Abarca, aparece como cómplice de Aguirre Rivero.
Pero en lugar de rendir cuentas, Aguirre Rivero ha logrado el beneplácito de la dirección nacional del PRD para eludir las exigencias aclaratorias de la Auditoría Superior de la Federación y para reconstruir su cacicazgo político en Guerrero, ahora que el gobernador es el priísta Héctor Astudillo Flores y quien todos los días se encuentra con fosas clandestinas de corrupción e irregularidades cometidas durante el corto gobierno de Aguirre Rivero.
Si el sentido común de la política necesita de algo que los políticos perredistas han ignorado: coherencia ética, resulta que Aguirre Rivero anda despreocupado porque se encuentra bajo la protección del ala política del PRD nacional, en el entendido --peor aún-- que la secretaria general del partido es Beatriz Mojica, secretaria de desarrollo social del gabinete de Aguirre Rivero y oficina en la que se usó dinero público para comprar votos y fue candidata del PRD recomendada por Aguirre Rivero a las elecciones de gobernador en 2016.
Mientras Aguirre Rivero no aclare las irregularidades denunciadas por la Auditoría Superior, el PRD carecerá de autoridad moral y política para criticar a otros gobernadores; aunque lo que menos le preocupa al PRD es tener autoridad moral y política.
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Política para dummies: La política es el escalón para subir bajando.
Sólo para sus ojos:
No se pierdan la crisis de la monarquía. En correos con un empresario acusado de corrupción, la reina Letizia llama “mierda” al suplemento La Otra Crónica del periódico El Mundo. Una cosa es la grosería y otra que la corrupción toca a la monarquía.
No cabe duda que los políticos son… políticos. En el anuncio de suspensión de clases el gobernador mexiquense Eruviel Ávila se presenta como un preocupado por la salud de sus gobernados. Además de mal gusto, puede ser acto anticipado de campaña. Y luego se quejan de López Obrador.
Foco de alarma: repunta la inflación. Y no se deben olvidar dos cosas: primero, que la inflación provoca devaluaciones, y segunda, que el gobierno controla la inflación por el lado de la demanda, es decir, salarios y PIB. La crisis sigue bajando expectativas.
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