En la demanda de 90 páginas, los demandantes subrayan la investigación del Departamento de Justicia por lavado de dinero en contra de Citibank y su filial Banamex, así como las relaciones del banco con Carlos Hank Rhon y su negocio financiero, dentro de la averiguación sobre los controles de la institución en el lavado de dinero. El nombre de Hank Rhon ha estado vinculado desde hace tiempo a Oceanografía. Cuando Banamex denunció a Oceanografía en 2014 por un fraude de más de 500 millones de dólares, un enviado del entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, le ofreció al dueño de la empresa, Amado Yáñez, que no procederían legalmente contra él, a cambio que le entregara a Hank Rhon la compañía.
Yáñez se negó y comenzó una lucha legal ampliamente descrita en la demanda presentada en la Corte de Florida. Los demandantes afirmaron que para ocultar su fraude, Citibank y Banamex se victimizaron y buscaron culpar a terceros, cuando en realidad fue la institución la que se benefició durante los años en que trabajó con Oceanografía. “El caso surge de un esquema que Citigroup, el cuarto banco más grande de Estados Unidos, desarrolló con su cliente, Oceanografía, para ganar millones de dólares en intereses”, dice la demanda. “Este esquema provocó que mucha gente inocente, incluidos tenedores de bonos en Estados Unidos y acreedores, perdieran colectivamente más de mil 100 millones de dólares”.
Cuando menos cuatro ejecutivos de alto nivel incurrieron en presuntos actos criminales, y más de una docena renunció o fue despedida, entre los que se encuentran las dos figuras de mayor rango durante ese periodo, Manuel Medina-Mora, el poderoso vicepresidente de Citigroup, y Javier Arrigunaga, quien era Director General de Banamex. La demanda expone detalladamente el esquema del fraude del que acusan al banco, que incorpora las investigaciones por lavado de dinero como un ejemplo de cómo los controles internos y los protocolos de seguridad de la institución en Nueva York fueron vulnerados por sus ejecutivos en México.
De acuerdo con la agencia Bloomberg, el Departamento de Justicia inició una investigación en julio del año pasado para determinar si Citigroup permitió que sus clientes movieran dinero ilícito a través de Banamex. Previamente, los reguladores estadounidenses encontraron que la filial Banamex USA había incurrido en esa práctica, lo que motivó una multa de 140 millones de pesos y su posterior cierre.
En un despacho de prensa en noviembre pasado, Bloomberg explicó con un caso real la forma como operaban ese banco. Tomó por ejemplo a Antonio Peña Argüelles, el empresario mexicano sentenciado en 2014 por lavado de dinero y narcotráfico, colaborador del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, que abrió una cuenta en Banamex USA en 2005, mediante documentos que decían que tenía un pequeño negocio de ganado, y que depositaría 50 dólares el mes.
Una semana después, transfirió siete millones de dólares de una cuenta en la ciudad de México, presuntamente de Los Zetas. En total, hizo movimientos financieros por casi 60 millones de dólares sin que el banco reportara a las autoridades los movimientos irregulares. “La administración y la supervisión del consejo en los asuntos del banco ha sido críticamente deficiente”, estableció un reporte confidencial de la Corporación Federal de Depósitos de Seguros y del Departamento de Supervisión de Negocios de California, consultado en aquél momento por Bloomberg. “Su disposición a mantener la relación con un cliente identificado con una actividad ilícita importante, es reveladora por el apetito del consejo por los riesgos en su reputación y de lavado de dinero”.
Las investigaciones sobre el lavado de dinero en Citibank y Banamex están en curso y poco se ha sabido de tres empresas sobre las cuales hay presunción que tuvieron operaciones ilícitas. Dos de ellas, Interacciones y Hermes, son presididas por Hank Rhon, mientras que la tercera es Monex, que durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, fue investigada por haber participado en financiamientos ilícitos, de lo que finalmente fue exonerada por los órganos electorales.
Las líneas de investigación en el Departamento de Justicia toca a empresarios y banqueros con conexiones al Estado de México. No pasaría de ser sólo una coincidencia, a no ser que desde que Peña Nieto era candidato existían sospechas en Washington de una eventual laxitud en el combate al narcotráfico. No fue así durante el primer trienio, pese a que en los primeros ocho meses varios de sus colaboradores alimentaron con acciones fallidas esa suspicacia.
La demanda en Florida podría abrir una nueva ventana en esa dirección, que empataría en tiempos con la agonía del sexenio. Como resultado del Caso Oceanografía, Citigroup cambió a sus ejecutivos en México, pero hasta ahora, ni el corporativo ni Banamex, han dado su opinión sobre el juicio que se pidió en Estados Unidos.
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