El intervencionismo supranacional de la CIDH había ya puesto en ridículo y contra la pared al gobierno mexicano por casos de represión, pero con argumentaciones internacionales. Por eso la mayoría del gabinete se opuso a cederle a la CIDH y a Emilio Álvarez Icaza el expediente caliente del caso Iguala-Ayotzinapa-Cocula.
El punto más importante era, hasta ese momento, la positiva relación personal entre Murillo Karam y Álvarez Icaza, forjada en el caso de las protestas por el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia. De manera casi automática, Álvarez Icaza se posicionó en el 2011 de un espacio de control en ese movimiento y lo hizo como activista. La principal propuesta de Sicilia fue la ley de víctimas y ahí trabajaron juntos Murillo Karam como senador priísta y Álvarez Icaza como activista de derechos humanos.
En julio del 2012 Álvarez Icaza fue designado secretario ejecutivo de la CIDH --a pesar de ser un activista y por lo tanto parcial en sus comportamientos--, en tanto que Murillo Karam fungió como procurador general de la república de diciembre de 2012 a febrero de 2015, luego de haber entregado su reporte final sobre el caso de los 43 normalistas secuestrados y asesinados por órdenes del alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca.
Ante la negativa de los padres de los normalistas a aceptar la versión oficial de que sus hijos estaban muertos, Murillo propuso una mediación a través de la CIDH de Álvarez Icaza y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La intención original fue que el GIEI revisara la indagación pericial de la PGR. Sólo que Álvarez Icaza, el verdadero operador del GIEI, encontró la veta para ajustar cuentas personales con el presidente Peña Nieto, quien en el 2009 le había ofrecido --a decir del propio Álvarez Icaza-- su apoyo para ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pero en los hechos lo habría hecho a un lado.
El GIEI trabajó, por instrucciones de Álvarez Icaza, no sobre la violación de los derechos humanos --quién ordenó el levantón de los normalistas y quién ordenó su entrega al grupo criminal Guerreros Unidos para su asesinato--, sino que se centró en destruir la tesis oficial de la incineración de cuerpos en un basurero de Cocula. La relación Murillo Karam-Álvarez Icaza, que también había funcionado en 2011 bajo el gobierno de Calderón, se rompió porque el GIEI cambió la jugada.
En los hechos, Álvarez Icaza repitió en el caso de los 43 su estrategia del 2011: arrinconar al Presidente de la República, entonces el panista Calderón y hoy Peña Nieto. De octubre de 2014 a abril de 2016, Álvarez Icaza condujo a la CIDH a un enfrentamiento directo con el gobierno de México y con el Estado mexicano y abrió la posibilidad de que México replanteara sus cuotas a un organismo operado no para mejorar los derechos humanos sino para arrodillar al Estado.
La gran derrota de Álvarez Icaza fue el tercer peritaje que avaló la tesis oficial de la incineración en el basurero de Cocula. Y ya no se reeligió en la secretaría ejecutiva de la CIDH.
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Política para dummies: La política no es para hombres débiles ni ingenuos.
Sólo para sus ojos:
Pocas expectativas en las leyes anticorrupción. Bien harían los partidos que quieren ser extremos en entregar como ofrenda de buena voluntad a las leyes a 10 corruptos de sus partidos. Porque esas leyes podrían ser un borrón y cuenta nueva. Como dato: este año, el auditor superior de la Federación declaró que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, debería estar en la cárcel por corrupto…, y no pasó nada.
Va como maldición: el día en que en México se encarcelen a los corruptos, el sistema político priísta y la oposición quedarían destruidos.
Aún no se entiende que la corrupción nació con el sistema político priísta de antes y de ahora, apoyado en los hechos por la oposición. Y que todo el sistema político ha sido beneficiado por la corrupción. ¿Quién lanzará la primera piedra?
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