“Qué bueno que ya se va el GIEI”, dijo un alto funcionario peñista sin poder ocultar la pesadilla en la que se convirtió tener ojos encima sin la posibilidad de controlarlos o manipularlos. Se quejaba que al pagarles 2 millones de dólares al mes por la coadyuvancia en el caso, los expertos estaban obligados a informar sus hallazgos y opiniones al Gobierno mexicano antes que a nadie, que podía, a su vez, censurarlos. Es incomprensible esa postura, pero al ser una opinión dentro del Gobierno, se entiende por qué hubo un choque frontal contra los expertos y una descalificación sistemática a su trabajo.
El informe final del GIEI provocó una cascada de reacciones en el mundo de los derechos humanos, donde en forma unánime respaldaron las conclusiones del grupo y exigieron al presidente Peña Nieto que las atendiera. “Están muy bien articulados”, observó un funcionario federal. “Tienen a WOLA (la Oficina en Washington para América Latina), a Human Rights Watch, a medios de comunicación y a periodistas”. El apoyo de una red internacional que no deja de criticarlo, le duele al Gobierno, que no ha terminado de aceptar por qué y hasta dónde llega la molestia en el mundo contra la administración de Peña Nieto. A muchos les pasó de largo que un día después de que se difundiera el reporte final, el Departamento de Estado entregó una inusual declaración por escrito a la prensa, en el mismo sentido de lo exigido por las ONG del mundo. Menos se percataron de que el jueves, en otra acción insólita, la representante de Estados Unidos en la ONU, Samantha Power, emitió otra declaración escrita para pedirle al Gobierno peñista que resolviera el crimen de Iguala. El problema del Gobierno mexicano no se limita a lo que piensan las organizaciones defensoras de derechos humanos en el mundo –ninguna que lo haya apoyado–, ni a los medios de comunicación.
Su problema es con el Gobierno del presidente Barack Obama, de entrada, y otros líderes europeos, porque lo que hasta hace unos meses era subrepticio, ahora se debate públicamente: no creen que el presidente Peña Nieto sea capaz de establecer el estado de derecho en México. Tampoco lo consideran capacitado para construir un país de leyes, ni ven que su sistema de justicia pueda limpiar la corrupción y superar sus deficiencias. La vulnerabilidad de Peña Nieto en materia de leyes es tan grande, que dos funcionarios internacionales de segundo nivel lo han regañado –literalmente– en reuniones de trabajo, por violaciones a leyes y procedimientos, así como por lo que ven como falta de voluntad política.
El primero fue el primer ministro chino, Li Keqiand, quien durante la visita de Peña Nieto a China en noviembre de 2014, fue sacudido por la forma como canceló el proyecto del tren rápido México-Querétaro y amenazó con llevarlo a un panel internacional sobre comercio. “Aquel viaje fue un desastre”, admitió un diplomático mexicano. “El peor error de todos, haber ido”. El segundo fue el vicepresidente Joe Biden en febrero pasado, cuando alzó la voz y reclamó al Presidente el mal manejo de políticas internas que afectaban la relación con Estados Unidos. “El Presidente no sabía por qué le estaba reclamando”, dijo un funcionario que sabía de la sorpresa auténtica de Peña Nieto, desinformado como en tantas cosas de lo que habían hecho sus colaboradores, en buena parte por su desinterés en preguntar detalles y consecuencias con algunos de sus más cercanos.
Las reacciones al informe del GIEI son meramente la secuela de muchos meses en donde se le ha llamado la atención al Presidente y a su Gobierno por la ausencia de un estado de derecho, la proliferación de la corrupción y la impunidad. Las reacciones sobre violaciones a los derechos humanos en México –reflejado en un incremento significativo en el número de páginas en el informe anual del Departamento de Estado sobre ese tema– en su Gobierno, es una de las vertientes de la creciente molestia en el mundo contra él.
Las críticas en Alemania durante un reciente viaje de Estado fueron sustentadas en las quejas de los empresarios alemanes sobre la corrupción en México, que se ha visto como una de las características del regreso del PRI al poder, pero sobre todo, porque ese tipo de prácticas se han concentrado, perciben, en personas que se encuentran dentro del círculo de Peña Nieto.
En tres años y medio el Gobierno de Peña Nieto ha acumulado agravios que generaron presiones internacionales. El crimen contra los normalistas de Ayotzinapa desnudó sus deficiencias en materia legal y dio el pretexto perfecto para presionar al Presidente y empujarlo hacia donde quieren en Washington: que acepte un modelo de justicia trasnacional, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano independiente para apoyar a las instituciones de procuración y administración de justicia, que produjo la detención del presidente Otto Pérez Molina el año pasado, acusado de corrupción.
¿Quiere Washington a Peña Nieto en la cárcel? La pregunta no tiene respuesta aún. Pero lo que definitivamente no quieren en varias capitales del mundo, es que la ley siga de adorno en México, como ven que hasta ahora ha sido en su Gobierno.
Leído en http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/ayotzinapa-que-sigue-1462341272
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