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Vale la pena acercarse al asunto desde la perspectiva que propone el doctor Edgardo Buscaglia, observador electoral en estos comicios, quien afirma que existen metodologías científicas que permiten estimar, estadísticamente, los niveles de votación legítima respecto a los niveles de votación obtenida a partir de prácticas fraudulentas. En el caso de México, se calcula que un 20 por ciento de los votos se obtiene a partir de prácticas ilegales y antidemocráticas. El experto afirma que los triunfos obtenidos sobre el PRI -o sobre el PAN, incluso- son aquellos que lograron rebasar, primero, esa proporción de votos obtenidos a partir de prácticas fraudulentas, para luego obtener, en las mismas urnas, un margen adicional suficiente para ganar. Quiere decir que el esfuerzo para lograr un triunfo electoral en espacios dominados por los mapaches, la maquinaria electoral y los recursos puestos a disposición de la causa electoral por los gobernadores, requiere de un gran esfuerzo del electorado para vencer, primero, esa barrera inicial de los 20 puntos y luego obtener un margen adicional para lograr la victoria.
Visto así, no es de extrañar que en varios estados de la República hayan pasado más de ocho décadas consecutivas en donde la alternancia había resultado prácticamente imposible. Por eso la elección 2016 dejó sorprendidos a todos. A los priistas que aún se preguntan ¿qué nos pasó?; a los panistas que no esperaban capitalizar, de esa manera, el evidente voto de castigo; al PRD que logró subirse a un tren de prestado y jugar en la contienda; a Morena que presume el triunfo de una elección desairada en la Ciudad de México, pero que no logró ser el depositario principal del voto de castigo. A todos cayó de sorpresa la elección del 5 de junio.
Habrá impugnaciones, como la anunciada para Zacatecas. David Monreal, con 10 puntos abajo de Alejandro Tello, estima que el PRI gastó por lo menos 300 millones en la compra de votos. "Compraron el voto hasta en 2,000 pesos", dijo en acusaciones similares a las que se oyeron en voz de otros candidatos en el país.
¿Cuánto se gastaron unos y otros? No lo sabremos. Uno de los grandes fiascos, además de las encuestas, fue la fiscalización. La ley obliga a reportar operaciones de ingresos y gastos en línea y en tiempo real, para ello se activó el Sistema Integral de Fiscalización (SIF 2.0) que fue ignorado, olímpicamente, por la mayoría de los candidatos y partidos. A simple vista, hubo carretadas de recursos para estas elecciones, sin embargo, la opacidad estuvo a la orden del día.
Las encuestas son otro tema de obligada revisión. O son muy ineptos los encuestadores, o los votantes cambiaron de opinión repentinamente o las encuestas volvieron a ser utilizadas como herramienta del juego electoral y pervertidas en su uso como ocurrió en 2012. En esto último parece estar la respuesta.
Se tuvo noticia de una encuesta en la que se daba ventaja al candidato Javier Corral, por casi 10 puntos. El encuestador -uno de los más prestigiados de México- había asignado, según su metodología, los votos indecisos o de no respuesta, y de esa manera se reflejaba un triunfo para Corral. El medio que financió la encuesta discutió la metodología y aceptó que se publicara solo un empate para Chihuahua. Al final, la diferencia a favor de Corral resultó de casi 9 por ciento, muy cercano el resultado a lo que decía aquella encuesta en su versión original.
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