En mayo, el presidente de la República, para sorpresa de muchos (me incluyo), envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que intentaba acabar con la discriminación normativa que de manera ancestral e inercial pesa sobre los homosexuales. Apoyándose en resoluciones previas de la Suprema Corte se trataba de reconocer un derecho humano, trascendiendo todo tipo de prejuicios y establecer, sin posibilidad de confusión, el derecho de las personas de un mismo sexo a contraer matrimonio. Cierto que en algunos estados ese derecho ya se reconoce pero el propósito era extenderlo precisamente para acabar con un trato diferenciado según la entidad.
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