Así que, por lo pronto, los funcionarios públicos no están obligados en la ley a publicar su tres de tres. Igual y sí, igual y no, todo dependerá de dos comités y una serie de largos litigios que seguramente terminarán en la Suprema Corte de Justicia.
Paradójicamente, los que sí quedaron obligados en la ley a presentar su declaración patrimonial y de intereses son “cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la federación”. Esto de acuerdo al artículo 32 que además agrega a “las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación en la materia”.
De acuerdo a la redacción de este artículo, millones de personas —dueños de negocios, empleados, becarios, beneficiarios de programas sociales, etcétera— tendrán que presentar dichas declaraciones. Una ridiculez diseñada para hacer inoperante el sistema. Y nótese la inequidad: mientras que la ley sí obliga a los privados a presentar sus declaraciones, a los funcionarios les deja esta obligación en manos de un par de comités que, discrecionalmente, harán los que se les pegue la gana.
Por eso muchos están pidiendo que Peña vete estos dos artículos. Me parece, sin embargo, que parten de una premisa equivocada: que el Presidente no sabía que el Congreso iba a votar estos dos artículos. Yo no lo creo. Para nada veo a Emilio Gamboa dándoles la instrucción a los senadores priistas, y al día siguiente a César Camacho a los diputados de ese partido, de aprobar dichos artículos sin la aprobación de Los Pinos.
Más aún, una vez aprobadas las disposiciones, el Presidente publicó en su cuenta de Twitter un “reconocimiento al @senadomexicano por la aprobación de las leyes en materia de combate a la corrupción”. Agregó en otro tuit: “En su conjunto, estas leyes permitirán un cambio de paradigma en favor de la integridad en el servicio público”. Otra vez felicitó al Congreso cuando los diputados aprobaron lo antes votado por los senadores y agregó: “Este marco legal permitirá iniciar una nueva etapa de mayor honestidad, transparencia y rendición de cuentas en el servicio público”.
Así que Peña quedó muy contento con lo aprobado, según él mismo. Por tanto, me atrevería a asegurar que sabía perfectamente cómo quedaría la redacción del artículo 29 y la sorpresa que le darían al sector privado sacándose de la manga, a última hora, el artículo 32.
Partiendo entonces de la premisa de que Peña conocía el contenido de ambos artículos (incluso no dudo que se hayan redactado en Los Pinos), pues quedarían dos alternativas. Por más que muchos se lo pidieran, el Presidente no los vetaría ya que está de acuerdo con ellos. La segunda alternativa es que esto sea una estrategia para provocar a que los empresarios salgan corriendo a Los Pinos a implorar que se corrija el esperpento. El Presidente los recibiría y les recetaría su discurso de que la corrupción es un asunto cultural que involucra al sector público y al privado; si los empresarios piden transparencia de un lado también deben darla del suyo porque “o todos coludos o todos rabones. Así que ya saben, señores, si todos nos obligamos a la transparencia o todos culturalmente seguimos como estamos. Yo con gusto veto el 32, pero ustedes dejan de presionar para que el 29 quede como proponían los ciudadanos en la #Ley3de3. La otra opción es, desde luego, dejar intacta la ley, tal como la aprobó el Congreso, a quien ya he felicitado. ¿Qué opinan?”.
Leído en http://www.enlagrilla.com/not_detalle.php?id_n=69719
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