Aunque dedicaron cuatro sesiones a discutir dos acciones de inconstitucionalidad, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hicieron formalmente nada. Vivieron días sin huella. Por más que siete miembros del máximo tribunal tuvieran como contrarios a la Constitución federal sendos artículos de las constituciones locales de Baja California y San Luis Potosí, sus votos fueron insuficientes para que dejen de tener vigor. Se requerían ocho. Y a pesar de que se colocó en la posición contraria sólo una minoría de cuatro, fueron bastantes para que las acciones de inconstitucionalidad fueran desestimadas, y enviadas al limbo judicial.
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