Marta Lamas en Proceso nos habla sobre embriones, personas nacidas y la corte.

Dos cuestiones, una positiva y una negativa, son el saldo del reciente debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La positiva es que el riguroso proyecto del ministro Fernando Franco gana la votación con mayoría simple –siete ministros(as) de 11–, lo que indica que en la Suprema Corte predominan las posturas
progresistas. La negativa tiene cuatro dimensiones: las posturas timoratas y conservadoras de la minoría –cuatro ministros(as)–, el clima de fanatismo religioso que rodeó el proceso, la improcedente presión que hicieron Presidencia y Gobernación, y la confusión generalizada en los medios sobre qué se estaba realmente discutiendo.
Lo que se debatió en la SCJN fueron dos acciones de inconstitucionalidad que, desde Baja California y San Luis Potosí, se plantearon para revertir las reformas a las Constituciones estatales de dichos estados. Estas dos reformas son parte de la ola de 17 que se dieron luego de que la SCJN resolviera que la despenalización
del aborto en el DF era constitucional. Más que “proteger la vida”, las reformas fueron una lamentable estrategia conservadora con la que se pretendió “blindar” a esos estados de una futura despenalización.

Todas las personas necesitamos que la vida sea protegida en sus distintos momentos de desarrollo. La protección de la vida en gestación es relevante y requiere medidas del Estado, como que se otorgue a las mujeres embarazadas los nutrientes indispensables y se les garanticen cuidados especiales durante la gestación (como los controles prenatales).
En México la mortalidad materna –o sea, la muerte de mujeres que están embarazadas y que sí desean ser madres– sigue siendo un trágico problema que persiste y que tiene que ver con la escasez de servicios, la falta de infraestructura adecuada y la ausencia de una cultura de prevención de emergencias médicas. Proteger a las mujeres gestantes y a las criaturas que desean tener es una obligación del Estado.  Sin embargo, la protección a la vida no es un valor abstracto, que se impone por encima de otros derechos. En países
democráticos, que tienen despenalizado el aborto, sus Constituciones tienen, al mismo tiempo, consagrada la protección a la vida. No son excluyentes. Hacer compatible jurídicamente una real protección a la vida y un respeto al derecho a decidir sobre el propio cuerpo, como ya ocurre en las democracias avanzadas, es uno de los desafíos que intentó resolver el proyecto del ministro Franco.
El problema de fondo de las reformas estatales es que pretendieron otorgar una protección absoluta al producto de la concepción igualándolo a una persona nacida ¡Esto es una barbaridad! Tratar a los embriones como personas nacidas no sólo afecta lo que concierne al aborto legal, sino también a ciertos métodos de fertilización in vitro y a la investigación con células madre embrionarias. Justo el lunes 26, cuando inició el debate en la SCJN, el periódico El País publicó una noticia titulada Luz verde al primer ensayo europeo con células madre embrionarias. El artículo consigna que estas células, que se obtienen de los embriones sobrantes de los procesos de reproducción asistida, “se convirtieron hace algo más que una década en la gran esperanza de la medicina del futuro para tratar enfermedades hasta ahora incurables”. Ante este alentador panorama que ofrece la investigación médica, ¿vale la pena meter una creencia religiosa en el régimen jurídico? ¿De verdad se cree que esos embriones sobre los que se experimenta son realmente personas nacidas?
En México las reformas que supuestamente “protegen la vida desde la concepción” han incidido negativamente en la situación de las mujeres que tienen derecho a abortar (de acuerdo a las causales que siguen siendo vigentes en los códigos penales de sus estados). Algunos prestadores de servicios de salud reproductiva han negado a muchas mujeres el servicio de Interrupción Legal del Embarazo que sus códigos penales les permiten argumentando que no pueden “actuar contra la Constitución”. Además de confusión e incertidumbre jurídica, estas reformas han propiciado un ambiente de persecución y estigma, incluso hacia mujeres que han tenido abortos de forma espontánea.
Por último, el clima de fanatismo religioso que rodeó el debate poco abona a una discusión racional. La retórica utilizada por los católicos fundamentalistas (no por todos los católicos, es preciso reconocer) es justamente lo que Richard Hare, un filósofo inglés que trabajó sobre las valoraciones morales desde la racionalidad, describe: “…la actitud de quien persigue la afirmación de los propios principios morales dejando que éstos prevalezcan sobre los intereses reales de las personas de carne y hueso, al mismo tiempo que permanece indiferente frente a los enormes daños que su actuación ocasiona a millones de seres humanos”.

Por lo pronto, no hay que olvidar que una ciudadanía activa y participativa puede revertir esas reformas y restituir el sentido amplio de protección a la vida, eliminando la absurda equiparación del embrión con la persona ya nacida. Una pregunta fundamental para los candidatos a legisladores debe ser la relativa a su postura sobre los embriones. Hay que fijarse muy bien qué responden y decidir con cuidado por quién se vota.