Una minoría resolvió contra el derecho a decidir de las mujeres. El ministro Pardo Rebolledo (un conservador que ocupa el lugar que dejara al morir un hombre ilustrado, liberal y progresista como el ministro Juan José Gudiño), secundado por otros tres, entre ellos lamentablemente una mujer, hizo gala de su ignorancia e impuso una visión religiosa en una de las decisiones más relevantes de una institución pilar del Estado laico mexicano. No se discute aquí su derecho individual a practicar un determinado credo religioso, sino su decisión de marcar un debate como el relacionado con las reformas regresivas aprobadas en Baja California y San Luis Potosí con posturas que nada tienen que ver con los derechos y garantías que establece nuestra Constitución (así lo dicen siete de once ministros) y que, para colmo, no tienen un fundamento científico.
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