En enero de este año Alejandro Poiré dio a conocer una base de datos de los homicidios dolosos “relacionados” con el crimen organizado. El esfuerzo fue aplaudido. Pero luego llegaron febrero, marzo, abril y la información ya no se actualizó. ¿Por qué? ¿De qué servía la lista? Para lo que no sirvió fue para poner la casa en orden, para aclarar qué pasa con cada una de esas muertes...
En el buen trabajo de Human Rights Watch en su informe “México, ni seguridad ni derechos”, del que en estas páginas tanto Héctor Aguilar Camín como Ciro Gómez Leyva han comentando, hay unos párrafos que señalan que además de todas las graves cosas que se describen: desapariciones, ejecuciones, tortura, desdén por las víctimas, tal pareciera que el gobierno también tiene un problema de orden y disciplina alrededor de la lucha contra el crimen organizado.
Para ser claros. Traen un desmadre.
El lector tal vez recuerda que en enero de este año Alejandro Poiré dio a conocer una base de datos, mes por mes, entidad por entidad, de los homicidios dolosos “relacionados” con el crimen organizado. Sumaban algo así como 35 mil. El esfuerzo fue aplaudido por comentaristas, académicos, periodistas, sociedad civil. A partir de esa base de datos se hicieron estudios, comparaciones, inferencias. Aquel anuncio se dio en el contexto de los diálogos que en el Campo Marte el Presidente mantuvo con actores de todo tipo, y se anunció como el principio de una nueva etapa de transparencia en tan complicado tema. Recuerdo en esos días una extraordinaria, por detallada, presentación del entonces director del Cisen, Guillermo Valdez.
Llegó febrero y la base de datos no se actualizó, y luego marzo y luego abril y tampoco. En mayo recuerdo haber buscado a Poiré para preguntarle cuándo sería la próxima actualización de la lista. “Pronto y vamos a hacer otra cosa mejor”, me dijo. Llegó junio y julio y agosto… En fin. Es la fecha que no hay actualización ni explicación. Bueno, ni la oficina de Poiré.
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