La integración del IFE en esta semana es una prioridad para el futuro democ£rático del país. Hay signos preocupantes que apuntan a descarrilar las elecciones en 2012, antes o después del domingo 1 de julio.
Ante esa indeseable y aún hipotética posibilidad, es vital que el IFE esté constituido por la totalidad de sus consejeros, y que los tres lugares vacantes sean ocupados por personas de reconocido prestigio.
La vocación democrática de los partidos estará a prueba, y no hay certezas de que la vayan a pasar.
¿Hay un compromiso de respeto a los resultados de la elección?
Ya tuvimos la experiencia, hace seis años, en que un candidato rechazó lo que dijo la población en las urnas.
¿Qué habría pasado si en lugar de un candidato, dos de ellos hubieran desconocido los resultados?
Por eso la necesidad de un IFE fuerte, completo, que dé confianza a la población.
El argumento para anular las elecciones no existía hace seis años. Ahora parece estar gestándose uno: la participación de grupos criminales en los comicios.
Desde luego que los partidos tienen la obligación de blindarse ante tal posibilidad.
Pero que no nos digan que por la participación del narco hay que hacer otras elecciones.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta que los narcos no voten o no influyan?
Lo que está en juego no es menor: es la continuidad de la normalidad democrática en México.
Se requiere un compromiso democrático por escrito de parte de todos los participantes en la justa electoral.
Tal acuerdo lo tiene que promover el IFE. Un IFE completo y con integrantes aceptados por todos los partidos.
No por conocido el argumento en pro de la anulación se va a conjurar.
Ya lo conocemos: la participación del narco hace imposible aceptar un resultado que viene contaminado por el crimen organizado, etcétera.
Michoacán fue aleccionador en ese sentido. Los tres candidatos estuvieron de acuerdo con las reglas y fueron a los comicios con la certeza de que iban a ganar.
Ninguno mencionó la intervención de bandas criminales en el proceso.
Cuando dos de los candidatos perdieron, le echaron la culpa al narco de su derrota.
El PRD, tercero en esa contienda, de inmediato hizo suya la demanda de anular los comicios.
La anulación no prosperó en esa entidad porque los candidatos perdedores y el gobierno federal habían avalado la legalidad de las elecciones y no mencionaron a la intervención del narco como un agravante.
Ahora la situación es diferente. El discurso contra la legitimidad de las elecciones está en marcha. Y cuando menos uno de los candidatos, si pierde, va a desconocer los resultados.
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