Era extraño que, sin explicación de por medio, el gobierno del presidente Calderón abandonara la tarea de informar sobre el número de personas ejecutadas en la lucha contra el crimen organizado. Fue hace un año, el 13 de enero, cuando el portavoz Alejandro Poiré comunicó que de enero de 2007 a diciembre de 2010, la cifra era de 34 mil 612 personas. Un total más alto, por cierto, del que registramos entonces en Milenio.
Un reportaje del sitio Animal Político, con base en un par de expedientes del IFAI, detalla que la Presidencia de la República y la PGR “pusieron bajo llave esa información”.
Dice el reportaje firmado por Daniel Lizárraga: “Para la PGR, la cifra de muertos es ahora confidencial por razones de seguridad nacional, por lo que ni siquiera podría conocerse en algún momento. En tanto, para la Presidencia se trata de información reservada, toda vez que los datos preliminares aún no han sido verificados; no estableció cuánto tiempo más demoraría en ese trabajo”.
Al cierre de este texto, el Gobierno no había desmentido, corregido o aclarado algo a Animal Político. Si lo publicado, pues, es rigurosamente correcto, el Gobierno habría decidido dejar de contar muertos en público.
Costaría, mucho, entender los porqués. Crearía la percepción de que los ejecutados son alarmantemente más de lo que se supone. Y que en vez de difundir partes sólidos y confiables habría optado por ocultar cadáveres.
Con el Gobierno haciéndose a un lado, la única cifra confiable para nosotros será la de Milenio:
*12 mil 284 ejecutados en 2011
*46 mil 969 durante el sexenio
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