Para ser franco, el tema comienza a adentrarse en los pantanosos terrenos del fastidio. Porque la verdad, qué puede ya conmovernos si parece que lo hemos visto todo: los 50 mil muertos de cualquier manera, encajuelados, descabezados, empozolados, torturados o nomás tirados a media calle; los 72 sacrificados y enterrados de San Fernando; los niños Bryan y Martín muertos en brazos de su madre por los soldados, y el terror a las calles oscuras de ciudades y pueblos.
Pero lo que más harta y desespera es la terca necedad del Gobierno a aceptar una realidad tan evidente como las páginas de los periódicos y los noticieros de cada día. Yo mismo me he declarado hastiado —y también asqueado— por el obligado recorrido matutino a través del mapa creciente de la violencia. Agréguense las decenas de críticas dentro y fuera al método gubernamental de fuego contra fuego. Todavía más, los señalamientos de todo tipo de abusos y no pocos crímenes cometidos por agentes municipales, estatales y federales y, por supuesto, que de la Marina y el Ejército: desapariciones forzadas, torturas, acosos, amenazas y muerte.
Pues con todo y eso, el Gobierno calderonista se ha negado a aceptar estas realidades con un despliegue de amnesia, ceguera y autismo; la violencia sólo se da en muy pocas y focalizadas zonas del país; no hay territorios bajo el control del narco; los muertos son en su mayoría sicarios que bien merecido se lo tenían; en otros países la violencia está peor y claro que vamos ganando la guerra.
Por eso les irrita tanto que alguien de fuera les venga a decir que nada de eso es cierto: que la guerra del Presidente es un fracaso; que la violencia sólo ha generado más violencia; que son ya demasiadas víctimas inocentes y que ésta es, finalmente, una guerra perdida.
Por supuesto que el diagnóstico de Human Rights Watch es contundente: de 2007 a la fecha los resultados de la guerra en materia de derechos humanos han sido sencillamente catastróficos; HRW pasó dos años investigando en campo con entrevistas a víctimas, defensoras y defensores de derechos humanos, funcionarios gubernamentales y hasta fuerzas de seguridad; se documentaron 39 casos en la mayoría de los cuales se evidenció “fuertemente” que agentes policiales y militares participaron en torturas y en desapariciones forzadas; en esas acciones criminales intervinieron por igual el Ejército, la Marina, la Policía Federal, policías estatales y municipales; algo muy grave es que no hay coordinación entre estas fuerzas, cada una “trabaja” por su lado y todas cometen abusos; peor aún, es que en todos los 39 casos documentados las autoridades de los tres niveles de gobierno intentaron —y las más de las veces lograron— ocultar sus crímenes; otra aberración es la sistemática criminalización de las víctimas —a quienes se acusa de nexos con el crimen organizado— y de sus familiares que se atreven a protestar, que son casi siempre hostigados y con frecuencia ejecutados; no obstante, los pocos casos en donde ha habido avances en las investigaciones se deben a la acción decidida de padres o hermanos que indagaron por su cuenta a pesar de los obstáculos oficiales.
Y hay todavía más señalamientos concretos que han enchilado al Gobierno de México: que “el Presidente Calderón está empleando a militares para luchar contra los narcotraficantes y la delincuencia organizada, pero las Fuerzas Armadas no están bien entrenadas para realizar labores policiales y además gozan de impunidad cuando cometen abusos y delitos”; “existe una impunidad absoluta en México para los militares, quienes con el sistema de justicia castrense nunca son juzgados, lo que fomenta que continúen los abusos porque no hay modo de pararlos”; se ha originado un significativo aumento de los asesinatos, la tortura y otros abusos de las Fuerzas de seguridad, que han provocado a su vez que el clima de desorden y miedo se haya agravado en muy diversas regiones del país; entre las violaciones de derechos humanos más frecuentes cometidas por fuerzas armadas figuran los asesinatos, la tortura y las desapariciones forzadas; la muestra más clara de que estos abusos quedan impunes es que la fiscalía militar abrió más de tres mil 600 investigaciones de estos casos entre 2007 y 2011, y sólo 15 uniformados fueron condenados; los principales afectados por crímenes “oficiales” han sido los periodistas, los defensores de derechos humanos y los migrantes; “en general, el sistema judicial mexicano fracasa en hacer justicia a estos delitos violentos así como atropellos flagrantes de derechos humanos”.
Pero lo que tal vez irrite más al actual Gobierno es el horroroso término. Es decir, cuando HRW concluye: “Tenemos datos que demuestran que en México la violencia ha aumentado horrorosamente en los últimos años”. Una palabra que no es de uso frecuente y por lo tanto más significativa, con todo lo que representa para nuestra imagen en el exterior.
Total, una nueva y brutal calificación reprobatoria en una materia donde el Gobierno ni nos ve ni nos oye. Es inútil. Fatal y absolutamente inútil.
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