Me desnudaron. Me echaban agua con hielos. Me daban de comer chile habanero. Me ponían a contar chistes y si no tenían gracia me tableaban. Me mantuvieron cuatro días en un camión militar y allí me torturaron. Luego me dieron la ley fuga”.
Jesús Fernando Lozano Vázquez tiene 19 años y sigue sin entender porque los soldados lo secuestraron el 18 junio del año pasado. Iba caminando en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, llegó a una gasolinera a esperar a un compañero y un convoy del Ejército se detuvo; sin mediar palabra, lo privaron de la libertad. Lo subieron a un camión y allí lo dejaron cuatro días, junto a otros tres jóvenes.
Los desnudaron a todos. La tortura inicial fue bañarlos con agua con hielos. Los soldados querían que los cuatro jóvenes confesaran que eran narcomenudistas. Los golpearon de muchas maneras. Les quemaron cigarrillos en sus cuerpos. No los dejaron dormir ni un minuto. Cuando uno pidió algo de comer, les dieron chile habanero y les obligaron a comerlo, mientras burlonamente se reían de ellos. Luego, para divertirse, los pusieron a contar chistes; si estos eran malos y no provocaban su risa, los tableaban más.
Jesús Fernando se cansó de negar las acusaciones. Les dijo que vendía ropa en los mercados sobre ruedas, que nunca había consumido drogas y menos vendido. Después de cuatro días, el camión se detuvo en una vereda en pleno campo, allí bajaron a Jesús Fernando sin ropa y le dijeron: “corre, corre todo lo que puedas”, mientras cortaban cartucho. El joven caminó descalzo por el monte hasta que llegó a un pueblo, Salinas Victoria, desde donde pudo comunicarse con su madre. Después de lo sucedido no presentaron denuncia: “No queremos hacer nada. Antes me lo dejaron vivo. ¿Con los soldados quién puede? Ni para que moverle”, dice Martha Vázquez Pérez.
El Ejército sigue en las calles, concretamente 45 mil soldados. El general Ricardo Trevilla Trejo, vocero de la Secretaría de la Defensa (Sedena) asegura que es para “contribuir a crear y mantener un ambiente de bienestar en el país”.
Sin embargo, las estadísticas muestran lo contrario. Allí donde hay presencia militar aumenta la violencia, las muertes, las ejecuciones sumarias, las torturas, los secuestros… La militarización de México bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico ha dejado una estela de dolor y sufrimiento, un escenario de desolación muy alejado del prometido “ambiente de bienestar” castrense.
Es necesario reconocer el trabajo profesional de algunos elementos militares, pero hay que hacer un recuento; un parte de guerra de los excesos cometidos por el Ejército, la institución mexicana que ha recibido mayor número de denuncias por violaciones a los derechos humanos, la más opaca y por consiguiente la menos transparente.
Durante el presente año, las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fueron más de 20 mil. Los soldados torturan, ejecutan sumariamente, secuestran y desaparecen. Peor aún, la CNDH recibe más de mil 700 quejas al mes por violaciones a las garantías de la población por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, porque a los operativos de las Fuerzas Armadas se han sumado miles de policías federales y más de 2 mil 200 fuerzas policiales estatales y municipales.
En su extraordinario informe “Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” en México”, Human Rights Watch examina las terribles consecuencias para los ciudadanos de la particular cruzada de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga que ha provocado la muerte de 60 mil personas.
Con la investigación en cinco estados de la República, su balance fue contundente: miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006.
Lo peor de todo es la impunidad que cubre particularmente a las Fuerzas Armadas protegidas con la patente de corso llamada “fuero militar”: entre 2007 y abril de 2011 los agentes del Ministerio Público militar iniciaron 1,615 investigaciones sobre delitos cometidos por soldados contra civiles. Ni un sólo soldado ha sido condenado en estos casos.
La Sedena es una institución oscura, poco confiable. Ahora pretende hacernos creer que abatió a sólo 2 mil 268 presuntos delincuentes durante los últimos cinco años; es decir, el resto de los 60 mil muertos son resultado de los enfrentamientos entre bandas rivales. Lo peor es que de las primeras 5 mil 972 quejas presentadas ante la CNDH, solamente 92 han concluido con recomendaciones y no sabemos cuantas de estas han sido debidamente acatadas.
La estrategia de Felipe Calderón ha fracasado, y aún sabiendo esto, el Ejecutivo avala la cuestionable actuación de las fuerzas de seguridad. Tanto es así, que Calderón ha declarado públicamente que el 90 por ciento de los muertos de esta guerra eran delincuentes. Sin embargo, la Procuraduría General de la República sólo ha iniciado 997 investigaciones de este tipo de homicidios entre 2007 y agosto de 2011. Y, según la justicia federal, los jueces federales solamente han condenado a 22 personas acusadas de homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada, según Human Rights Watch. Y más: la tasa de homicidios aumentó un 260 por ciento.
Si en el combate al crimen organizado las fuerzas de seguridad cometen los mismos crímenes aberrantes que los delincuentes, si violan el marco legal, si utilizan los mismos códigos de guerra, si secuestran, torturan, desaparecen, ejecutan… ¿Qué diferencia hay entre criminales y soldados, policías, marinos…?
Utilizar el poder y los recursos del Estado para cometer crímenes es doblemente condenable. El imperio de la ley debe prevalecer. La estrategia Calderonista no ha disminuido el nivel de la actividad criminal, por el contrario, la ha incrementado, con el agravante de haber convertido en vulgares delincuentes a soldados, policías y marinos.
El daño al tejido social que ha provocado esta guerra es irreparable de manera inmediata. Se requieren más de 20 años para recomponer la convivencia y la civilidad necesarias para el funcionamiento de cualquier democracia.
El Ejército mexicano tiene un largo historial de abusos, crímenes e impunidad. Felipe Calderón lo sacó de los cuarteles para patrullar nuestras calles, el problema será volverlo a meter.
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