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| Román Revueltas Retes. |
¿El hecho de que una mayoría de personas considere que la mujer es culpable —y de que esa gente, como es natural, se solidarice, antes que nada, con las víctimas de los secuestradores— significa que debe ser condenada y perseguida sin respeto a sus derechos y sin las debidas garantías procesales?
Hay aquí algunos ingredientes del caso Florence Cassez: en primer lugar, la detención de la mujer cuando va con su pareja en una camioneta luego de recoger los últimos objetos suyos que deseaba llevarse a un apartamento que recién había rentado y, esto, tras haber terminado, precisamente, la relación sentimental con el hombre acusado de ser el jefe de una banda de secuestradores; posteriormente —un día después y sin haber sido puesta a disposición del Ministerio Público ni habiendo tampoco recibido la asistencia consular a la que tienen derecho los ciudadanos extranjeros según los tratados internacionales que ha firmado el Estado mexicano (una disposición que, encima, exigimos airadamente que se respete cuando las autoridades estadounidenses arrestan a los mexicanos que han presuntamente cometido un delito en nuestro vecino país)— una escenificación programada de la liberación de tres personas secuestradas en la que, miren ustedes, aparece Florence in situ (es decir, en el rancho donde se encuentran raptados los rehenes) y en la que, por si fuera poco, es calificada por los reporteros de la televisión, desde ya y delante de millones de personas que miran el informativo, como uno de los miembros de la banda a pesar de que ella, ahí mismo, niega cualquier participación en actividades delictivas y de que lo hace, por si fuera poco, desafiando abiertamente las instrucciones que le han dado previamente los agentes policíacos —devenidos, por lo visto, en guionistas cinematográficos de ocasión o, más acertadamente, en directores de escena— para que suelte declaraciones que puedan confirmar su culpabilidad o, por lo menos, que la hagan aparecer como una sospechosa digna de ser aprehendida delante de las cámaras en vez de figurar como una mujer aturdida y descompuesta.
Y, a partir de ahí, el linchamiento mediático, la persecución, el encarcelamiento preventivo, la esperpéntica integración de un sumario donde figuras determinantes son desechadas e individuos sospechosísimos dejados en libertad y donde la acusaciones sustenta en declaraciones contradictorias de testigos que en un primer momento no la reconocen y que luego modifican sus testimonios y, finalmente, una durísima sentencia de prisión dictada a una persona tomando en consideración todos estos elementos sin que a nadie le inquiete que los procedimientos jurídicos puedan admitir tan escandaloso desaseo.
¿Les parece normal esta actuación de la justicia mexicana, estimados lectores? ¿Acaso se pueden justificar, así fuere porque se trata de perseguir un delito tan odioso como el secuestro, violaciones tan groseras a las formas jurídicas y a los derechos de los individuos? ¿No fue la propia Cassez quien llamó al programa de Denisse Maerker donde García Luna era entrevistado para decir que no la habían detenido el 9 de diciembre durante el presunto operativo televisado sino el día 8? ¿El hecho de que una mayoría de personas consideren que la mujer es culpable —y de que esa gente, como es natural, se solidarice, antes que nada, con las víctimas de los secuestradores— significa que debe ser condenada y perseguida sin respeto a sus derechos y sin las debidas garantías procesales? ¿No nos ha servido de nada mirar la cinta Presunto Culpable como para saber que la actuación de la justicia, en este país, puede contener todos los elementos de una pesadilla monstruosa?
Ah, y ahí está igualmente el caso de Sergio Dorantes, un distinguido fotógrafo que trabajó para publicaciones tan prestigiosas como Newsweek a quien se acusa de haber dado muerte a su ex esposa meramente porque un testigo comprado, que luego se retractó y que finalmente no volvió a aparecerse, declaró haberlo visto salir del lugar de los hechos. Resulta, en este caso, que otro sospechoso —que inclusive tenía en sus ropas sangre de la mujer— anda por ahí tan campante, libre y a su aire. Sergio lleva varios años en prisión, contra todas las evidencias. ¿Qué clase de justicia es ésta? O, mejor dicho, ¿qué clase de país es México?
Por lo pronto, el ministro Zaldívar ha restaurado un poco el maltrecho principio de institucionalidad de la justicia mexicana. Enhorabuena, señor ministro. Esperemos que proceda su propuesta. Si gustan saber más sobre el tema, aquí están estos enlaces:
http://es.scribd.com/doc/84583541/Version-publica-Proyecto-Arturo-Zaldivar-Amparo-Cassez
http://www.gatopardo.com/ReportajesGP.php?R=53&pagina=1
http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2099371
http://www.sergiodorantes.com/
revueltas@mac.com
Leído en: http://impreso.milenio.com/node/9127295
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