LA LIBERTAD DE LA FRANCESA.

Federico Berrueto. 

Existe la impresión de que las irregularidades con la francesa son juego de niños respecto a lo que sucede en otros casos. Este es un tema que debiera quitar el sueño a muchos, incluso al presidente Calderón, por las consecuencias legales a futuro: a las autoridades también les da por creer que puede haber justicia al margen de la ley.

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La Corte ha hecho trascender públicamente el proyecto del ministro Arturo Zaldívar en el que propone la libertad inmediata de Florence Cassez, sentenciada por secuestro. Una vez más, el asunto llama la atención de la opinión pública. La relación entre México y Francia se ha visto afectada por el caso. Aquí, el presidente Calderón no tiene margen de maniobra por razones políticas y jurídicas; allá, Sarkozy, es decidido abanderado de la causa de la liberación de la francesa.

 El caso abre la oportunidad a un debate del que mucho se puede aprender. México es un país seriamente lastimado por la ilegalidad en todos los planos. El país alcanzó la democracia electoral, no así la conformación de una cultura consecuente: déficit de ciudadanos y de legalidad. Ocurre en todos los niveles, los ricos y los pobres, los ilustrados y los analfabetas, el país vive desgarrado por la impunidad. La legalidad todavía es aspiración.

 Esto es la causa originaria del debate. Por una parte, la opinión pública considera que la francesa Cassez es culpable; poco importan las deficiencias del proceso legal. Los medios, especialmente la tv, han divulgado elementos que llevan a la condena. También, el testimonio de víctimas y sus familias. La abrumadora mayoría exige que Cassez continúe en la cárcel porque simboliza el agravio del que han sido objeto en la realidad y en su imaginario; se asume que liberar a Cassez es derrota mayor en el país de la impunidad.

En el otro polo está la consideración —muy exquisita para los agraviados— de que no hay otra culpabilidad que no sea la formal, esto es, la que resulta de una sentencia mediante juicio debido. El ministro Zaldívar dice que no juzga la inocencia de la inculpada, sólo la calidad del proceso penal que llevó a la sentencia condenatoria. De ser el caso de grave irregularidad, como asume el juzgador, Cassez no será culpable, esto es, inocente.

 Las razones del ministro de que el proceso penal estuvo viciado de origen recaen en el irresponsable e ilegal comportamiento de la AFI al momento de la detención. Los hechos son claros e incontrovertibles: a la detenida no se le puso de inmediato a disposición del Ministerio Publico, con la absurda recreación televisiva se alteraron pruebas y la presunta responsable no tuvo la intervención consular que establecen la ley y los acuerdos internacionales.

 Los ministros de la Primera Sala tienen frente a ellos un caso de la mayor trascendencia para la legalidad. Nada fácil cuando la gente no tiene sentido de la enorme diferencia entre justicia y legalidad. En la civilidad no hay otra justicia penal que la formal, la que se da con las reglas del proceso. Más aún, la mayoría no sólo cree que las leyes no se aplican, sino que las existentes están a la medida del poderoso. Esto es, que el aparato de justicia, si actúa, lo hace para beneficiar a los pocos privilegiados sobre los demás. En la percepción pública, la igualdad ante la ley también es fantasía.

 El juzgador no debe incluir a la opinión pública en sus consideraciones, menos en un caso como éste. Los elementos de juicio no están en lo que piense la mayoría o todos los mexicanos. Tampoco debe pesar la presión de uno o de otro lado, ni que los mexicanos o franceses se indignen al extremo. La delicada responsabilidad que pesa sobre ellos es decidir con estricto criterio jurídico sobre los argumentos del ministro ponente de los hechos que afectaron el proceso penal y que viciaron lo subsecuente, incluso, el testimonio de víctimas, pruebas del MP y, por consecuencia, la sentencia.

El fallo de la liberación habría de tener serios efectos. La primera es la suerte de quien ha sido señalado como responsable del operativo de la detención, actualmente secretario de Seguridad Pública. La segunda, mucho más importante y trascendente, tiene que ver con el comportamiento de las policías y, especialmente, la manera como se está desplegando la lucha contra el crimen organizado. Existe la impresión de que las irregularidades con la francesa Cassez son juego de niños respecto a lo que sucede en muchos otros casos. Este es un tema que debiera quitar el sueño a muchos, incluso al presidente Calderón, por las consecuencias legales a futuro: a las autoridades también les da por creer que puede haber justicia al margen de la ley. Quienes ahora aplauden el exterminio son los mismos que mañana exigirán sanción al abuso y a la ilegalidad.

 Es previsible que la eventual liberación de la sentenciada despertaría indignación amplia. Muchos lo verían como una aparatosa derrota a la legalidad, cuando en realidad el fallo tiene como sustento reivindicar el debido proceso y con ello el sometimiento a la ley de policías, fiscales y jueces. Justicia y legalidad en pugna.

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