Los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados lograron ayer un punto de acuerdo para solicitar a la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, “informar a esta soberanía sobre los procedimientos penales y administrativos seguidos en contra de servidores y ex servidores públicos que ordenaron, participaron y ejecutaron la escenificación ajena a la realidad del lugar de la investigación y violaron las garantías del debido proceso…” en el caso Cassez.
Su petición denota ignorancia tanto del expediente procesal como de lo discutido y resuelto hace una semana por la primera sala de la Suprema Corte. Tampoco saben, por lo visto, que la propia PGR, a través del subprocurador Alejandro Ramos, anticipó que sólo hasta cuando se produzca el fallo definitivo realizarán las diligencias que correspondan.
Ahora que, si lo que quieren es asomarse a una indagación formal, desconocen además que piden violar el sigilo en que se debe mantener cualquier averiguación previa.
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