En materia de seguridad, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador van sobre la misma línea. La estrategia que ambos proponen una vez iniciada la campaña electoral, es similar.
El pasado 2 de abril, los presidenciables participaron en el Foro Agenda México 12.18 Seguridad y Justicia, ante especialistas en la materia de procuración de justicia y seguridad pública, así como integrantes de asociaciones civiles y ciudadanos.
Tanto el mexiquense como el tabasqueño, expresaron que buscarán el crecimiento económico del país. López Obrador llamó a atender “las causas del delito”, reactivando la economía y generando empleos. Insistió en que su propuesta para enfrentar la inseguridad y la violencia, consiste en combatir la pobreza y la desigualdad.
Para el candidato que encabeza la unión PRI-Partido Verde, generar oportunidades de bienestar es una de las acciones preventivas del delito más efectivas. Le suma el recuperar para las familias de algunas zonas del país, la libertad que han perdido ante el temor por la inseguridad que priva en sus calles.
El candidato por la Coalición Movimiento Progresista pugna por atender a los jóvenes que no tienen posibilidad de trabajo ni estudio y el priista urge la generación de oportunidades de empleo para este mismo sector de la población.
López Obrador dice estar dispuesto a no permitir la corrupción entre los encargados de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y cuerpos policiacos y lograr coordinación entre instancias federales como la Marina, la Policía Judicial y las policías ministeriales, de los estados y municipales.
El candidato de la Coalición “Compromiso por México” señala además crear las 32 policías únicas del país, profesionalizar a los elementos policiacos, que el sistema penitenciario sirva a la rehabilitación de quienes cumplen alguna condena y materializar la oralidad en los juicios penales.
A diferencia de López Obrador y Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, consideró que es necesario que existan más penales de alta seguridad. La panista se enfocó a la necesidad de capacitación, profesionalización, certificación y mejores remuneraciones del personal relacionado con la impartición de justicia.
Pese a que reconoció como fundamentales la cultura, la educación y la generación de oportunidades a los jóvenes, se dijo convencida de que la mayor urgencia es acelerar la disponibilidad de infraestructura para el sistema de justicia penal y que éste sea evaluado.
Urgió a recuperar el control territorial en los penales y desarrollar sanciones alternativas basadas en trabajo comunitario a quienes sólo cometen delitos menores para evitar sobre cupo en los penales.
De llegar a la presidencia, manifestó que los jueces tendrán a su cargo vigilar la actuación de las autoridades administrativas encargadas de la ejecución de sanciones.
Se debe concluir desde su punto de vista, la implementación del Sistema de Justicia para Adolescentes y un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales. Puso énfasis en el desarrollo de la Ley de Victimas del Delito para establecer un Sistema Integral de Protección y Asistencia a las Victimas del Delito.
Sin embargo, en una cosa distaron. Peña Nieto manifestó su deseo de firmar los compromisos a los que se refirió, en tanto que López Obrador no señaló una acción de este tipo. Para Vázquez Mota, este es el momento de pasar a una segunda fase en la lucha contra el crimen organizado.
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