Cualquier estrategia contra la violencia que azota a varias ciudades y estados del país tiene que partir de castigar a los violentos.
Parece una obviedad, pero si revisamos los números, para quienes nos gobiernan no lo es.
Después de cinco años de estar sumergidos en discursos, acciones y conteos de muertos con relación al crimen y la seguridad, en México, para un asesino, cada vez es más barato asesinar.
Y tal vez ahí esté uno de los nudos que se tendrán que desatorar en el próximo sexenio si en verdad se quiere progresar en la seguridad y reducir la violencia.
La organización México Evalúa acaba de publicar el estudio Seguridad y Justicia Penal en los Estados, 25 indicadores de nuestra debilidad institucional (el estudio completo en www.mexicoevalua.org).
El promedio nacional para homicidios dolosos en 2010 fue de 80.6%. Es decir, 8 de cada diez asesinatos no son castigados. El cálculo se hizo con base en las cifras de homicidios registradas en averiguaciones previas iniciadas por las agencias del Ministerio Público del fuero común.
En algunos estados como Morelos, Guerrero, Sinaloa, Durango y Chihuahua, el promedio de impunidad en homicidios está en 90% y más. Es decir, las instituciones de investigación e impartición de justicia no sirven.
Las cárceles están saturadas, pero en su mayoría de infractores que han cometido delitos menores. Cito el documento: “Una política criminológica focalizada y proporcional debe ser racional y prudente en el uso de recursos. Lo deseable sería que una proporción relativamente alta de los recursos del sistema se dedicara a perseguir, procesar y sancionar con prisión los delitos de mayor impacto. Los delitos menores podrían ser atendidos mediante mecanismos de justicia alternativa o procesos simplificados que implicaran un menor uso de recursos y una reducción de la impunidad en los mismos.
En México, 60 por ciento de las sanciones se asocia con delitos menores y sólo 12 por ciento de las mismas se vincula con delitos graves como homicidio, violación y robo violento. De los delitos graves que causan más daño, los que se sancionan con más de 17 años de prisión (3.6 por ciento del total), 48 por ciento corresponde a homicidios, 19 por ciento a robo, y 11 por ciento a violaciones. De las sanciones de entre siete y 11 años de prisión (5.5 por ciento del total), 54.3 por ciento corresponde a robo, 15.8 por ciento a violación y 9.6 por ciento a homicidio”.
Este desastre de política de seguridad es responsabilidad sobre todo de los gobernadores y presidentes municipales, de sus agencias de seguridad y ministerios públicos.
Habría que preguntar a los candidatos a la Presidencia cómo piensan hacer para que los gobernantes locales se pongan a trabajar. Porque si no, no veo cómo se arregle el entuerto.
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