Ernesto Gándara busca una senaduría. Su partido, el PRI, lo apoya y es uno de sus candidatos a los escaños correspondientes a Sonora. Gándara quiere este nuevo puesto luego de haber sido el presidente municipal involucrado en la infausta fecha del 5 de junio de 2009, cuando 49 niños murieron en la guardería ABC y más de setenta sufrieron graves daños a la salud.
Padres del Movimiento 5 de Junio ven a Gándara como uno de los responsables de lo que le ocurrió a sus hijos hace ahora casi tres años. Cuando el ministro Arturo Zaldívar defendió en la Corte su proyecto de resolución, en junio de 2010, explicó que “su función era la de señalar la existencia de violaciones graves a las garantías individuales y la responsabilidad constitucional, política y ética de los servidores públicos que por acción u omisión incurrieron en ellas”, según consigna la crónica realizada por la propia Corte. El proyecto de Zaldívar, agrega la relatoría, “estableció la violación grave de los derechos del niño y su interés superior (…) por parte de los diversos servidores públicos, entre ellos autoridades del IMSS, autoridades del gobierno del Estado de Sonora y autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo”. En el pie de página se menciona a Ernesto Gándara. Después la Corte, por mayoría de votos, señalaría que Gándara “no estaba involucrado en tales conductas”.
¿Debe alguien que fue investigado en un caso como la tragedia ABC seguir en la vida pública?
Pongamos otro ejemplo. Fernando de las Fuentes fue el Líder del legislativo coahuilense al que le metieron gol con los documentos falsificados con los que se adquirieron miles de millones de pesos del moreirazo. Y también era el presidente del Congreso de Coahuila que validó sin más el refinanciamiento de esa megadeuda. Ahora es candidato a diputado federal por el PRI. Por su parte, Salomón Juan Marcos era el presidente de la Comisión de Finanzas de esa misma legislatura local y también quiere hoy una curul federal por el tricolor. Ambos tienen posibilidades de ganar y no hay ley que, como a Gándara en Sonora, les impida aspirar a esa nueva chamba, ¿pero tienen derecho después de haber postrado financieramente a su estado?
Cuando uno lee el manifiesto “Por una presidencia democrática” (¿hay posibilidad de que la presidencia no sea hoy en México democrática?) o cuando uno escucha el discurso del candidato Enrique Peña Nieto pidiendo a su partido romper con su pasado, no queda más remedio que regresar al mismo punto: estamos ante manifestaciones que pretenden contrarrestar la mayor crítica que ha surgido durante la campaña priista, la de los jóvenes. La virtud implícita en la reacción del equipo del candidato –su oportunidad y algunos de los puntos del manifiesto— alimenta sin embargo la añeja interrogante sobre si puede el PRI cambiar. Porque no sólo Peña Nieto sigue acompañado de una vieja guardia que atenta y orgullosa lo oía en el Consejo Político Nacional del viernes, sino que rumbo al poder viajan con él personajes como Gándara, De las Fuentes y Juan Marcos, por mencionar los aquí reseñados, hombres que en la lógica de las responsabilidades éticas o de la omisión política no podrían aspirar nunca más a un puesto de elección popular en una nación democrática. Lo mismo aplica, por supuesto, al panista Juan Molinar Horcasitas.
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