No ha mucho, Felipe Calderón declaró que un legado de su sexenio será el haber iniciado una pospuesta batalla contra el crimen organizado (Reforma, 18 de mayo). Si legado es "cosa o conjunto de cosas que se dejan o transmiten a los sucesores", ni duda que el "conjunto de cosas" que el combate militar y policiaco a los cárteles de la droga, que puso en marcha pero no resolvió el sexenio que concluye, será un legado no sólo para quien asuma la Presidencia en diciembre sino para toda la sociedad mexicana. Se trata de una herencia envenenada.
Hace seis años Calderón, al momento mismo de tomar el poder, decidió correr y hacer correr a otros un gran riesgo: militarizar, como nunca antes, la lucha contra el narcotráfico pero sin tener un plan previo. Abrió así una auténtica Caja de Pandora. La apuesta fue encabezar un combate frontal contra los cárteles de la droga, confiando en que el Ejército impondría su superioridad numérica y técnica, derrotaría de manera contundente al adversario y la Presidencia cosecharía el triunfo. Sin embargo, no fue el caso. Ahora, 60 mil muertos más tarde, quien suceda a Calderón deberá tratar de controlar las consecuencias no previstas de esa política -la escalada en la brutalidad de la violencia criminal; la ilimitada capacidad de corrupción y la sorprendente resistencia de los cárteles frente al embate del gobierno- y sin contar con una estrategia para la entrada y salida de tamaño embrollo.
Poco antes de ser detenido por sospe- charse que tuvo ligas con una de las organizaciones del narcotráfico -la de los Beltrán Leyva-, el general de división (R) Tomás Ángeles Dauahare había concluido, en una reunión de expertos sobre seguridad nacional convocada por el PRI en San Luis Potosí el 9 de mayo, que frente al gran desafío de los cárteles de la droga, en México: "no tenemos estrategia de seguridad nacional". Desde su perspectiva y conocimiento directo de la situación, el militar dijo que el gobierno se ha pasado el sexenio apenas "dando brochazos" al problema, sin resolverlo y provocando el desgaste mutuo de las organizaciones criminales y de las fuerzas armadas del Estado (Proceso, 20 de mayo).
No deja de ser aleccionador que el Estado mexicano no sea el único que se encuentra en esta situación. Hoy sabemos que cuando en 2008 el presidente norteamericano Barack Obama examinó con sus expertos el caso de la guerra contra el Talibán en Afganistán, también debió coincidir con la conclusión presentada entonces por el general Douglas Edward Lute: Estados Unidos se había metido a ese complicado problema en octubre de 2001 sin tener una estrategia, y el resultado es que hoy ya se ha decidido que a partir del 2013 dejará de combatir al Talibán porque esa guerra es costosa e inganable y que lo mejor es reembarcar a la fuerza expedicionaria (The New York Times, 19 de mayo). Desafortunadamente en México no podemos hacer algo similar: no podemos abandonarnos a nosotros mismos.
Los datos
Las cifras que acaba de presentar la encuestadora Latinobarómetro sobre las percepciones de los ciudadanos de 18 países de nuestra región, México incluido, en torno a su seguridad, pueden servir para juzgar el legado de Felipe Calderón en la materia y, a partir de los datos, empezar a repensar cómo rediseñar el futuro de tal manera que en el nuevo sexenio el esfuerzo tenga ya un objetivo claro, realista y aceptable para la opinión pública.
De acuerdo con el estudio "La Seguridad Ciudadana. El problema principal de América Latina", firmado por Marta Lagos y Lucía Dammert y presentado en Lima el 9 de mayo -coincidió con la reunión del PRI sobre seguridad en San Luis Potosí-, América Latina es la región más violenta del mundo -alberga al 9% de la población mundial pero registra el 27% de los homicidios- y también la más desigual -el 20% más rico de su población dispone del 57.8% del ingreso y el 20% más pobre de apenas el 2.9%. Es en esa correlación de variables donde está una de las raíces del mal, aunque las autoras no ahondan en el tema y se centran sólo en la naturaleza de las percepciones.
México no es el país más violento de la región más violenta del mundo, pero hace mucho que dejó de ser ese país relativamente pacífico que fue cuando su economía crecía de manera sistemática al 6% anual y su régimen autoritario mantenía bajo control al crimen organizado. Hoy, y según los datos de Naciones Unidas, por cada 100 mil habitantes, Honduras tiene 82.1 homicidios anuales, Venezuela 49, Guatemala 41, Brasil 22 y México, como Ecuador, 18.1. Si bien no estamos tan mal como nuestros vecinos inmediatos del sur, estamos muy lejos de otros países similares. Para el mismo número de habitantes Chile, por ejemplo, registra apenas 3.7 homicidios anuales, Vietnam 1.6 y China 1.1.
Pero una cosa son las estadísticas del dato duro y otra las percepciones. Y en política las percepciones son fundamentales. Si bien México no tiene la tasa de homicidios más alta de la región, sí tiene la más alta de "victimización" -proporción de personas que dicen que han sido víctimas de la delincuencia. En 2011, el 42% de los encuestados mexicanos respondieron afirmativamente a la pregunta "¿Ha sido Ud. o algún pariente asaltado, agredido o víctima de un delito en los últimos doce meses?", y más de la mitad dijo que ese delito había sido con violencia (p. 29). Es verdad que en 2000 la proporción de personas que en nuestro país se dijo víctima de un delito había sido mucho mayor -79%-, pero si bien la tasa de "victimización" ha disminuido a partir del inicio del siglo, resulta que justamente en los dos últimos años ha vuelto a subir y de manera pronunciada, pues pasó de 30% en 2009 a 42% en 2011. Vamos pues de regreso. Al concluir el sexenio calderonista el 39% de la población mexicana considera que el problema más importante al que se enfrenta el país no es el económico sino el de las fallas en la seguridad pública.
Cuando Calderón asumió la Presidencia, de inmediato montó una campaña para convencer a la ciudadanía que nuestro problema principal era justamente el de la seguridad y que él lo resolvería gracias a su decisión de emplear a fondo la fuerza del Estado. Pues bien, las autoras del estudio en cuestión consideran que aquí hay una paradoja pues "en una sociedad democrática, el miedo al crimen instalado como problema público no favorece al poder público, sino que lo damnifica", sobre todo si desde el inicio prometió empeñarse en su solución y al final la percepción es que fracasó. Y es que a mayor temor, mayores las demandas por seguridad, y como consecuencia los gobiernos responderán con mayores medidas de control, reflejadas en su promesa de más policías y más cárceles. Pero esto no sólo no resuelve el problema sino que implica mayores gastos y, cuando el resultado no es el anunciado, como es el caso mexicano, entonces la legitimidad y la confianza en las instituciones públicas se erosiona y, finalmente, ese déficit de legitimidad repercute negativamente en la gobernabilidad (pp. 27 y 35). Parte de esta paradoja, y que no nada más es mexicana, es que mientras el 68% de los mexicanos dijeron sentirse más o menos seguro en su entorno inmediato, el 61% contestó afirmativamente a la pregunta de si consideraba que el vivir en México era cada día más inseguro. En fin, que si bien la gran violencia mexicana se concentra en un puñado de estados, es el país entero el que se percibe viviendo en la inseguridad (p. 43).
Calderón afirma que su legado es la lucha contra la inseguridad, pero apenas el 6% de los mexicanos consideran que específicamente es esa política del gobierno contra el narcotráfico la que más les ha beneficiado. Y sólo el 35% cree que el gobierno pueda finalmente resolver el problema del tráfico de drogas (únicamente Guatemala tiene un índice de confianza más bajo que el de México). En fin, las percepciones muestran que el supuesto gran legado de este sexenio no pareciera ser apreciado por el público.
Solalinde
Para cerrar el tema del calderonismo y la seguridad, está el caso del sacerdote Alejandro Solalinde, defensor indispensable e indiscutible de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en México, quien ha tenido que salir temporalmente del país por las reiteradas amenazas a su seguridad. Y el sacerdote denunció al ex gobernador priista de Oaxaca Ulises Ruiz, como una de las fuentes de esas amenazas (Reforma, 16 de mayo). En conclusión, es difícil aceptar la autoevaluación de Felipe Calderón en materia de seguridad, pero quien gane la elección de 2012 tendrá al tigre sujeto de la cola y fuera de la jaula.
Leído en http://www.reforma.com/editoriales/nacional/658/1315453/
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