Lydia Cacho - Derecho a no creerles

Lydia Cacho

Miro una serie de grandes espectaculares en la carretera desde mi casa hacia Cancún, en ellos aparece el ex gobernador Félix González, quien gracias a un buen trabajo de Photoshop, parece estar al lado de Peña Nieto, ambos vestidos de prístino blanco, como novias vírgenes. Hay una tercera persona, Laura Fernández, la priísta que operó junto al Obispo de Quintana Roo la ley para encarcelar a las mujeres y adolescentes que buscaran abortar luego de una violación. Prometen de todo: seguridad, igualdad, medicamentos gratuitos, becas para madres solteras. Usted pida y ellos ofrecen, al igual que todos los candidatos y candidatas que, en toda la geografía, juegan a que a la sociedad le interesa lo que tienen que decir.

En todo el país la gente está harta, una gran mayoría cuenta los diez días que faltan para las elecciones no con la pasión de demócratas ilustrados que creen que su voto es verdaderamente útil, sino con el hartazgo de saber que miles de millones de pesos han sido tirados a la basura con unas elecciones carísimas para un resultado que, como el del 2006, dividirá al país nuevamente.

Por eso me parece importante reivindicar nuestro derecho a no creer en este proceso democrático, a no confiar en las y los candidatos. Cuando una o un columnista me asegura que el IFE es confiable, le creo, pero eso no significa que la democracia lo sea. Elijo escribir la verdad como la vivo, como una ciudadana que sabe que cada 43 minutos, o cada segundo y medio, se comete un delito en México. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 (ENVIPE), casi 18 millones de personas fueron violentadas en el país, es decir tres millones más de el total de habitantes del Estado de México. No es para deprimir a nadie sino para resaltar la absoluta ineficacia de los gobiernos de casi todo el país. En 21 millones de delitos no hubo averiguaciones previas por la elevada desconfianza hacia los Ministerios Públicos y por la burocracia maltratadora de las procuradurías estatales y federales. Por eso no les creo.

No es mi imaginación, ni la del resto de la gente; es una realidad que cada 20 minutos ocurre un asesinato en México y sólo se detienen al 19% de quienes ultiman la vida de las personas. No es casualidad que las mujeres que viven violencia en el hogar o con su ex pareja vivan aterradas, 20 mujeres son asesinadas diariamente y el ochenta por ciento pierden la vida en manos de su agresor previo, esposo, ex esposo o de un violador, y sin embargo el 92% de las y los jueces de México siguen sin aprender a aplicar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los congresos que las aprobaron no trabajaron en el seguimiento para regularlas en los códigos penales locales y reglamentar su aplicación. Porque matan, secuestran y amenazan a periodistas cada semana, sé que este país no es seguro. Tenemos la octava población penitenciaria más grande del mundo y eso que el 95% de los casos no llegan a juicio (ENVIPE), por eso se que necesitamos políticas de igualdad, educación para la paz, entrenamiento contra la corrupción, y no más prisiones como ofrecen los candidatos.

Por eso resulta tan frustrante para la población participar en las elecciones para diputaciones y senadurías, porque lo que parece una sensación confusa es una realidad. Aunque la mayoría de la gente no pueda argumentarlo formalmente, en el fondo sabe que ese rostro que ve en los carteles que tapizan su ciudad, es la máscara de miembros de un Sistema disfuncional que vive de prometer y no de cumplir. Que vive de mentir y no de ocuparse por transformar la realidad. Está claro que hay excepciones, muy pocas por cierto, pero las hay. Sin embargo este reciclaje de ex gobernadores, ex alcaldes y ex congresistas resulta por demás lamentable. Por ello la reelección de las y los legisladores no nos hace sentido, porque nunca evidenciaron liderazgo para dar seguimiento a su trabajo, para fomentar redes de compromiso interinstitucional, porque no les vimos sino cobrando y adquiriendo poder.

Por eso tenemos derecho a indignarnos, a descreer de las promesas de una democracia imperfecta. Pero ¿con qué nos quedamos una vez reivindicado nuestro derecho a asumir la realidad sin fingir que el país y los partidos funcionan bien?

Creo que nos quedamos con la decisión más importante, aquella en que luego de asumir la realidad, elegimos incidir, por pobre que parezca nuestro poder, en el equilibrio de poderes. Decidimos impedir que vuelva Salinas de Gortari tras la máscara de Peña Nieto; impedir que vuelvan las y los ex gobernantes que dejaron los estados sumidos en deudas, inseguridad y desigualdad. Y luego del 2 de julio seguir trabajando desde nuestros espacios ciudadanos, para que dentro de seis años nuestras opciones sean mejores.

La democracia no la hacen los partidos, ellos la debilitan con sus elecciones y sus pactos, pero nosotras, nosotros como sociedad civil la defendemos al evidenciar sus debilidades y trabajar contra la corrupción cotidiana. La defendemos votando, con la esperanza de que algún día lo haremos con plena convicción y admiración por aquellas personas retratadas en las boletas. Mientras tanto el voto es estratégico, por el menos peor, por que no sea un solo partido el que controle el Congreso de la Unión y el país.

@lydiacachosi

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