El Presidente Felipe Calderón azuza y se despide. Cuestiona la compra de votos, pero no instruye a sus subordinados (PGR, Hacienda, Sedesol, Sagarpa) a esclarecerla sino que anima al cierre de expedientes. No teme ir a La Haya, pero no sabe qué hacer con la Ley de Víctimas justamente en el tema de las responsabilidades del Estado frente a los desahuciados.
El Gobierno ya no quiere gobernar, pero no tiene relevo. Depende de la decisión de un Tribunal mientras que los malestares callejeros aturden.
La protesta postelectoral corre por dos planos que parecieran complementarios pero tienen el riesgo de, esos sí, anularse. La impugnación presentada ante las instancias electorales demorará en deliberación mediática y pública 50 días en la apuesta final a la invalidez de los comicios con una fase intermedia: la deslegitimación de un triunfo cada vez con más sabores de trampa.
La protesta callejera, oscilante, incierta, comienza a tocar los filos de los machetes. De la creatividad al dogma. Del Twitter al panfleto. ¿Es ésa la expresión de la ola social que repudia la compra del voto y las elecciones decididas desde los poderes fácticos? Sí y no. La expresión de opinión pública, de molestia social, de exigencia de cambio de formas de hacer política rebasa los campamentos radicales y una impugnación legal. Está instalada en redes sociales, mucho más plurales, en nichos académicos, entre vecinos y comunidades, en la discusión de hogares y en la liberación del prejuicio partidista.
Por eso, las protestas se pueden anular. Porque corre el gran riesgo de ahogar a una expresión social y política genuinamente amplia donde convergen desde quienes no quieren la llegada de Enrique Peña a la Presidencia hasta quienes lo aceptan, pero reclaman el cambio de condiciones de las contiendas. Pero sobre todo, reclaman el cambio de reglas en la política para que participen sin taxativas los ciudadanos y no sólo los partidos y los poderes fácticos.
La impugnación jurídica corre una ruta y tiene un término. La impugnación de las organizaciones que van desde el #YoSoy132 hasta el SME corre otra pista. Pero el sustrato es una genuina inconformidad –que seguro comparten hasta priistas– de que la política y las elecciones deben tener reglas diferentes.
Peña ganó una elección con ribetes de compra de voto, con intervención descarada de los poderes fácticos –televisoras– desde mucho antes de la formalidad legal del proceso y en medio de una contienda de inequidad con el uso del dinero.
El origen de la fractura política deriva de un modelo de competencia donde los poderes fácticos dominan el campo de la vida pública. Las elecciones ocurren a partir del pacto entre candidatos y televisoras, y el trámite en las urnas constituye la firma del convenio. Políticos y ciudadanos acuden condicionados al voto y su recuento.
Ahí reside el punto central del atascamiento. La política no es libre sino coaccionada; se debe al dinero y no a las propuestas o las ideas. Entrevera intereses y negocios y excluye los anhelos ciudadanos.
Las voracidades triunfantes llevan prisa por colocar en la agenda parlamentaria de septiembre la aprobación de "alguna" de las reformas "estructurales" pospuestas: laboral, hacendaria o energética.
Para aprobar las reformas el "nuevo" PRI necesita de sus aliados clave, el Panal y el PVEM o dicho en español: la cacica Gordillo y las televisoras. El poder de la corrupción y del dinero.
Lo que debe ponerse en la agenda inmediata es la aprobación de las nuevas reglas para hacer política en el país, donde no impere el dinero como norma y los factores decisorios sean los votos libres de los ciudadanos y no la influencia extralegal de las televisoras. El fondo del reclamo de #YoSoy132 es que la política se subordina a la manipulación televisiva, desdeña la opinión expresada en otros foros, socava las iniciativas ciudadanas y desprecia el debate y el voto razonado.
Hay un extraordinario ambiente y momento para dar ese giro en las reglas de la política en beneficio de los ciudadanos.
El impulso mostrado el 1 de julio con gran votación, decisión de pluralidad, exigencia de razonamiento político, decisiones de contrapesos y la exigencia de nuevas formas de dirimir la política no puede ser frustrado con el ahondamiento de la misma política excluyente
Fuente: http://www.elnorte.com/editoriales/nacional/698/1395876/default.shtm
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.